La alimentación escolar debe salir de los tropiezos. Desconcierta por sus perfiles de fracaso del sector Público el eco incesante de los conflictos entre proveedores contratados en medio de confusiones y quienes rigen el programa que debe combatir la desnutrición en cientos de miles de estudiantes pobres que son mayoría en el país.

Un pan de la enseñanza que si llega a defectuosas aulas sin un buen contenido para los estómagos, disminuye masivamente las capacidades de asimilación.

Es inaceptable que todavía graviten sobre asistencias sociales clave para la salud y los aprendizajes de las masas humildes unas incapacidades de gestión que comienzan con exorbitantes atrasos de pagos por las raciones.

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Se pasa a dudar de eficaces aplicaciones de requisitos sobre calidad y suficiencias de estas distribuciones, estando las adjudicaciones bajo denuncias de favoritismos e incumplimientos de las bases de los concursos.

Está bien que haya un firme esfuerzo por regular las relaciones entre el Estado y la diversidad de orígenes de los alimentos y que se les depure y vigile desde las cocinas, generalmente artesanales y rudimentarias, hasta su destino en los planteles.

Pero mantener en estándares apropiados algo tan elemental como suministrar comestibles no supone la aplicación de fórmulas operativas excepcionales y complicadas habiendo conquistado esta nación un 4% para la educación apropiado para llenar sus ámbitos de solvencia en dinero y en profesionalidad administrativa.