Hoy 
Las alzas constantes de los precios del petróleo constituyen la peor amenaza para las economías del mundo. Esta situación obliga a adoptar fórmulas de reemplazo de derivados del petróleo, uso eficiente de combustibles y energía y fomento de fuentes de energía no convencional.
En nuestro caso particular, hay en carpeta numerosos proyectos para desarrollar plantas de biocombustibles, pero sin duda el reemplazo de combustibles derivados del petróleo por gas natural parece ser la alternativa más apropiada, en términos de costos, rendimiento y limpieza ambiental. Por sus características químicas, el gas natural es uno de los que menos residuos contaminantes arroja a la atmósfera.
Vistas las cosas desde esta óptica, convendría que el Gobierno estimulara aún más la conversión a gas natural del parque vehicular que actualmente opera con gasolina, gas licuado de petróleo y gasoil, así como los componentes del parque energético movidos con fuel oil, bunker y otros hidrocarburos pesados. Convendría que las políticas de ahorro de combustibles enfaticen no solo en el aspecto del gasto, sino también en la eficiencia. En el país abundan vehículos en mal estado que por su condición tienen bajísimo rendimiento y desperdician combustibles de una manera pasmosa. Por lo pronto, hay que acelerar el cambio hacia el gas natural, que parece ser la alternativa más adecuada.
Un aporte a la transparencia
La Suprema Corte de Justicia acaba de descalificar los argumentos con que la OPRET pretendía que fueran clasificados como estratégicos y secretos los documentos técnicos del Metro de Santo Domingo. El fallo se pronuncia a propósito de un recurso en casación sometido por el organismo gubernamental contra una sentencia en favor del periodista Huchi Lora, productor del programa El Día, de Telesistema Canal 11, quien sometió a la OPRET por negarse a suministrar copias de los estudios relativos a la obra.
Sin duda, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es un gran aporte a la transparencia, pues consolida la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, a la cual se había acogido el periodista Lora para reclamar los documentos del Metro. El Estado de Derecho gana mucho con esta jurisprudencia que, por cierto, debe estimular a los ciudadanos a hacer uso de ese derecho a la información de carácter público.
