Durante los treinta y un años de la dictadura trujillista, las escuelas primarias y los liceos secundarios públicos iniciaban sus actividades a mediados de septiembre o a principios de octubre de cada año.

Pero, en el Gobierno del presidente Fernández rige un calendario escolar distinto a éste. Ahora, las clases en las escuelas públicas y en los colegios privados se reinician en pleno verano y en medio de la temporada ciclónica, pasando por alto que los ciclones, las ondas tropicales, los torrenciales aguaceros y las altas temperaturas podrían entorpecer y hasta imposibilitar las labores escolares. ¿Cuántos padres de familias se verán imposibilitados de enviar sus hijos a las escuelas el 17 de agosto próximo debido a los daños que les causó el paso de la tormenta Emily? Y qué decir de los maestros que viven cerca de los ríos, arroyos y cañadas”

Este año, el inicio del año escolar está programado para el 17 de agosto. Se estima que más de 2 millones 700 mil niños y adolescentes retornarán a las aulas distribuidas en todo el país, en más de 5 mil establecimientos escolares. El Ministerio de Educación ha invertido cerca de mil millones de pesos en acondicionar los espacios utilizados en impartir docencia. También, en laboratorios y en tecnologías de última generación.

Técnicos de esa dependencia estatal han programado la distribución del desayuno escolar del que habrán de beneficiarse alrededor de mil quinientos estudiantes de escuelas públicas de edades comprendidas entre los 5 y 14 años. Ello viene a confirmar lo que en ocasiones anteriores hemos afirmado: el Ministerio de Educación cuenta con gestores, técnicos y especialistas muy bien formados y en número suficiente. Que para ofertar una educación de calidad lo único que les hace falta a esa dependencia estatal es disponer de un presupuesto adecuado.

El costo de la anualidad por estudiante en un colegio de primera categoría aquí es de alrededor de 200 mil pesos, poco más de 5 mil dólares, 25 veces más que la suma invertida por el Estado dominicano en cada estudiante de escuela pública y,    claro está, las enseñanzas que ofertan esos colegios tiene que ser de una calidad muy superior a las que se ofrecen en las escuelas públicas. Es extremadamente injusto que eso pase. Si no ofertamos una educación de calidad para todos, estaríamos sentando la base de un conflicto social de gravísimas consecuencias.

Observemos lo que está sucediendo en la hermana República de Chile, país éste que dispone de un sistema escolar privatizado de primerísima calidad, con el agravante de que muchos padres de familias chilenas no disponen de suficientes recursos para sus hijos puedan acceder al mismo. Debido a esa situación, en el país austral se vienen escenificando grandes manifestaciones de protesta en demanda de una mejor educación pública. Algo parecido a lo que ocurre en Chile está a punto de ocurrir aquí.

La escuela dominicana es predominante pública. Sólo una minoría de padres de familias dominicanas dispone de recursos para enviar sus hijos a colegios privados de altos estándares. También lo hacen cabezas de familias tenidas al menos, gentes que todavía creen que se puede vivir del pasado, y que no entienden que las clases son las clases y el recreo es el recreo.

Si el Gobierno del presidente Fernández, o del que lo suceda a partir de agosto del año entrante, no eleva el presupuesto de educación a los niveles requeridos, aquí habría de ocurrir algo peor a lo que está sucediendo en Chile.