A través de los medios de comunicación la ciudadanía ha podido enterarse de los pormenores de las jornadas de trabajo de la Asamblea Revisora, para dotar al país de una nueva Constitución. También, expertos nacionales y extranjeros en materia de derecho constitucional han contribuido con sus comentarios a la edificación de los interesados en un tema tan delicado como el de una reforma constitucional.

Infortunadamente, algunos asambleístas no han podido estar a la altura de las circunstancias. Han puesto de manifiesto su ignorancia en temas como derecho a la vida, a la educación y a la salud; y en otros que, al igual que los citados, tienen mucho que ver con la vida institucional de la nación.

Entre los países de la América española, la República Dominicana ostenta el último lugar en porcentaje de inversión pública en educación en proporción al Producto Bruto Interno (PBI).

La inversión en educación de los gobiernos que aquí se han sucedido en las últimas décadas ha sido pobre e insuficiente. Entre los años 2002 y 2005, apenas alcanzó un 1.8% del PBI, siendo la media del continente un 4.6%, y donde el porcentaje más alto correspondió a la Cuba socialista con un 9.8%.

Hace unos meses, en una asamblea de educadores que formulaba un Plan Decenal de Educación, el autor de estas líneas planteaba que, al igual como ocurre en varios países de la América española, la proporción del gasto público a invertir en educación fuera materia constitucional. Nuestra moción fue aprobada por unanimidad. Pero, dicha aceptación no fue incluida en el acta de dicho evento.

Los haitianos indocumentados o no, al igual que las personas de otras nacionalidades, tendrán derecho a la educación, según aprobó en primera lectura la Asamblea Revisora, en su sección celebrada el 30 de mayo recién pasado. Pero, en esa misma velada, se rechazó la propuesta concerniente a la inversión de un 4% del PBI, como mínima anual del Estado dominicano en educación. La mayoría que votó no tiene idea de cómo los ciudadanos dominicanos y extranjeros van a ejercer el derecho a una educación integral y de calidad en el marco de nuestro sistema dominicano de instrucción pública, siendo éste el peor financiado de la América española.

Las intervenciones de los asambleístas han sido de tan bajo nivel que un destacado columnista estimó que cuando los diputados y senadores convertidos en asambleístas hayan terminado de discutir y aprobar la nueva Constitución, estaremos listos para emprender de inmediato la inevitable reforma siguiente. A tiempo que para el editorialista las intervenciones de algunos eran tan pobres que le hacía memorar la imagen de un niño que juega con una peligrosa granada.

Después de que desperdiciamos la oportunidad de que los diferentes partidos políticos, en vez de activistas, postularan personas i1ustradas, o al menos con una formación académica que le permitieran documentarse bien antes de plantear, agregaciones, modificaciones o cambios en determinados artículos de la Constitución, para reformarla, valoramos más una Asamblea Constituyente que una Revisora.