La evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano recién publicada por la organización internacional Oxfam contiene abundante información clasificada que muestra una pesada herencia y podría ayudar al próximo gobierno a enfrentar los retos de la sostenibilidad económica y la inversión social y productiva.
Partiendo del promedio de la corrupción de los últimos 20 años y de las ineficiencias del gasto y la malversación, el documento sugiere que se podrían reorientar 85 mil millones de pesos, cifra conservadora ante los 123 mil millones que ha estimado la secretaría de Políticas Públicas del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)
La ruta del Pacto fiscal
La autopsia presentada por la representación en el país de Oxfam, que opera en más de 100 naciones, pretende ayudar al debate del presupuesto para el 2020 y de los contenidos y propuestas de quienes postulan para las próximas elecciones referentes a la justicia fiscal y la reducción de las desigualdades. Se presenta como “la hoja de ruta y acciones concretas de parte del Ejecutivo para propiciar el impostergable pacto fiscal que requerirá el país” en el próximo período gubernamental.
El estudio presenta al país como el tercero de más baja inversión social en América Latina y el Caribe, solo por delante de Guatemala y Haití, promediando 8.1% del Producto Bruto Interno (PBI), que descendería al 7.8% en el 2022, cuando el promedio regional es de 11.2. Sostiene que con tan baja inversión será imposible cumplir los compromisos del desarrollo sostenible y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
La ley de END promulgada en enero del 2012 dispuso los pactos por la educación, fiscal y eléctrico, pero apenas se ha materializado el primero, y los otros debieron entrar en vigor en el 2015. El eléctrico se discutió durante dos años y a fines del 2018 se llegó a anunciar su inminente firma, pero quedó engavetado. El pacto fiscal se comenzó a considerar al inicio del gobierno de Danilo Medina en el 2012, pero fue abandonado tan pronto los sectores empresarial y social pusieron en la mesa la reducción de la malversación y el gasto clientelar. El Gobierno impuso otra simple reforma tributaria y ni siquiera tras la reelección de Medina en el 2016 se retomó el mandato legal.
La sostenibilidad fiscal
Con una diferencia de 246 mil millones de pesos (US$ 4,736 millones de dólares) entre ingresos y gastos presupuestados para el 2020, este será el onceno año consecutivo de déficits fiscales solventados con un financiamiento que en ese período más que duplicó la deuda consolidada de todo el Estado, generando reiteradas advertencias de los organismos internacionales especializados y de economistas dominicanos sobre lo ineludible del pacto fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera del país.
Mientras se va generalizando la convicción de que cualquiera que constituya el próximo gobierno, y sobre todo si es de un partido diferente al actual, tendrá que emprender la ruta del pacto fiscal para procurar mayores recursos para la inversión social y el desarrollo, para mantener un crecimiento económico significativo y garantizar la sostenibilidad fiscal. Que la pista del endeudamiento se va estrechando y sin las correcciones correspondientes la bomba que se ha ido armando en estos años podría estallarle en las manos a las nuevas autoridades.
Podría repetirse la ocurrencia del gobierno de Hipólito Mejía que, al comenzar en el 2000, heredó la bomba de Banínter, pero no la desarmó y le explotó en las manos y lo hundió apenas iniciaba su segunda mitad. Herencia malhadada fue también la recibida por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en 1982, fruto de los desequilibrios que pagó la democracia a partir de 1978 cuando no se pudieron mantener las deudas sociales impuestas por los años autocráticos de Balaguer. La demanda inducida del régimen de Antonio Guzmán produjo desequilibrios, atizados por el alza del petróleo y la caída de los precios de las exportaciones nacionales. Las duras políticas de ajustes del FMI en la “década perdida de América Latina”, hundieron políticamente a ese gobierno y su partido, y contribuyeron a devolver al poder a Balaguer en 1986.
Legitimar mayores tributos
Las conclusiones del estudio patrocinado por Oxfam comienzan indicando que el Gobierno dominicano “necesita cuanto antes allanar el camino para situar la ruta hacia una reforma fiscal integral. Son muchos los pasos que habría que dar para ello, pero el fundamental va en la ruta de ganar confianza y legitimidad para convocar un proceso abierto y democrático de pacto fiscal”.
Después indica que se ha demostrado que con voluntad política de poner la casa en orden en corto plazo se podrían realizar ajustes para garantizar derechos, de al menos el 1% del PIB, equivalente a $43 mil 750 millones. A lo largo del informe se muestran los indicadores de corrupción, malversación, duplicidades e ineficiencias que consumen más del 10% del presupuesto nacional, determinando la necesidad de remediarlos.
Como es convicción general también recomienda reformular la base tributaria para hacerla menos regresiva con mayores gravámenes a la propiedad inmobiliaria y a la renta, partiendo de que RD tiene una de las más bajas presiones tributarias de la región latinoamericana, después de Guatemala y Paraguay, estimada en 13.9 del PIB, cuando el promedio es de 22.8%. También que está entre los 5 países que más dependen de los impuestos a los bienes y servicios, con un 29% menos que la región en impuestos directos, al patrimonio y la renta. Así mismo urge la revisión de los sistemas de incentivos.

Líderes en empleo público
El estudio de Oxfam ataca una de las bases fundamentales del clientelismo político dominicano, la macrocefalia del Estado, con el tercer escalón en el liderato latinoamericano, con un registro de 61 mil 911 empleados públicos por cada millón de habitantes, solo superado por Panamá y Uruguay. Es 38.6% superior al promedio de 15 países de la región analizados y 35% más que los cinco centroamericanos evaluados.
Sostienen que nada ha crecido tanto como el empleo público, al 5.2% de promedio anual, cuando en las otras categorías ocupacionales aumenta apenas en 1.8%. Que el gasto en remuneraciones de empleados públicos pasó del doble en seis años, de $89 mil 142 millones en el 2012, a $189 mil 459 millones en el 2018. Que para ajustar la proporción de empleados públicos al promedio regional en RD habría que sacar de la nómina a 178 mil 618 personas. Eso implicaría un ahorro anual de $71 mil 800 millones.
Por supuesto que ningún gobierno podría emprender un ahorro de tal magnitud, pero si producir en primer lugar un congelamiento, y reducir progresivamente la macrocefalia, incluso con reubicación de empleados en actividades reproductivas y de servicios. Para eso cualquier nuevo gobierno tendría que producir “el milagro” de planificar y ejecutar para el desarrollo, lo que obligaría a reducir el clientelismo y a racionalizar el gasto, aplicando innumerables leyes y normativas ya existentes, o auspiciando otras, incluyendo una de sostenibilidad y racionalidad fiscal.
Mientras tanto hay que agradecer a Oxfam la “Autopsia Fiscal” que acaba de entregar a la sociedad dominicana, en un momento oportuno, en el que se deberían esperar propuestas para resolver los desafíos del desarrollo, la equidad y la sostenibilidad.

La corrupción y dispendio

“Ningún gobierno con tantos casos de corrupción y ejemplos de dispendio de recursos públicos puede presentar ante la sociedad una propuesta legítima de reforma impositiva, en el marco de un pacto fiscal”, plantea el estudio de Oxfam, dirigido por el economista Rafael Jóviney con Airon Fernández Gil de investigador asociado. Citan las evaluaciones de Transparencia Internacional que sitúan al país entre los 10 de mayor corrupción en América Latina y el Caribe, y el segundo donde más creció en el 2018, según el Latinobarómetro.
Plantean que los casos de desfalcos al fisco recogidos en el período 1998-18 arrojan un estimado anual de $41 mil 629 millones. Y cuando recogen múltiples tipos y casos de malversación, dispendio, clientelismo y gastos irregulares, estiman que envuelven $154 mil 760 millones, de los cuales podrían reorientarse $ 43 mil 750 millones, que desglosan en gastos discrecionales, potencialmente clientelistas, asignaciones directas a despachos de ministros y directores, y a casi 60 instituciones públicas que duplican funciones o no rinden cuentas, así como en incremento de recursos sin justificar al Congreso Nacional y 10 ministerios.
Estos estimados son más conservadores que los presentados en el 2017 en un estudio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo que plantea hasta un 3.8% del PIB, que este año serían unos 165 mil millones de pesos, en gasto ineficiente y malversación. Miguel Ceara Hatton, director de la secretaría de Políticas Públicas del PRM los estima en 2.8% del PIB, unos $122 mil millones en el 2019. Ya en la campaña electoral del 2016 plantearon que se ahorrarían gran parte de esa suma para reorientar las políticas sociales y la inversión pública.