En esta etapa del proceso electoral, a quince días de las elecciones presidenciales, sería una necedad plantear incidentes sobre materias que únicamente son competencia de la Junta Central Electoral.

Plantear ahora disquisiciones acerca de decisiones de la Junta sin contar con argumentos para sustentar cuestionamientos, se constituye en un elemento indeseable que perturbaría la buen marcha del proceso. Estamos hablando de la autoridad de un organismo que ha quedado muy bien parado en los resultados de las últimas encuestas y cuya honestidad han reconocido los principales partidos políticos.

 En todo caso, lo que debemos pretender es que la JCE se convierta en un verdadero poder electoral, con facultades ampliadas para que pueda organizar y administrar el proceso bajo criterios más modernos y seguros. Saltar ahora con expresiones destempladas contra autoridades de este organismo es la peor manera de obstaculizar la armonía que ha caracterizado hasta ahora la organización de las elecciones presidenciales del 16 de mayo. Menos mal que las pretensiones que nos ocupan provienen de fuerzas de poca incidencia en el panorama electoral, que pretenden ganar atención pública en base a estridencias que en nada contribuyen a la buena marcha del proceso. La inclinación mayoritaria es de fortalecer y afianzar el papel arbitral de la Junta, y eso es lo que cuenta.

Por un estatuto de partidos

Las normas sobre la  existencia y extinción de los partidos políticos y su ejercicio en  la sociedad han pasado a ser obsoletas, desfasadas con los avances que se han producido en materia política. Las reglas de juego no están a tono con la necesidad de regulaciones que eliminen ciertas formas indeseables de hacer política.

Debería producirse un compromiso de todas las organizaciones de la sociedad para propiciar transformaciones de fondo en las normas que regulan la vida de los partidos, sus fuentes de financiación, su apego a las normas éticas y la valoración de la dignidad humana en épocas de campaña proselitista. No es adecuado que persista este desfase entre la modernidad que en todos los sentidos ha acusado la vida social y el primitivismo que caracteriza el ejercicio político basado en el clientelismo, el transfuguismo y otras aberraciones. Las fuerzas sustentadoras  de la democracia tienen que renovarse.