1.- El Gobierno está empeñado en dinamizar la economía y para ello ha puesto en marcha una política de expansión del gasto, ¿cree usted que esta es la respuesta adecuada a la falta de dinamismo y a la baja de los ingresos que sufre la economía dominicana en estos momentos?

La expansión del gasto público estimulará la demanda y acelerará el crecimiento de la economía. Sin embargo, ese aumento del gasto obligará a las autoridades a elevar en el mediano plazo los impuestos, perjudicando a los contribuyentes. Por eso creo que hubiese sido mejor aprovechar el financiamiento de los organismos internacionales para aplicar una política de reducción de impuestos, mediante la cual se incrementaría el ingreso disponible de los consumidores y la demanda privada. La ventaja de esta última opción es que cuando sea necesario elevar los impuestos se partirá de niveles impositivos mucho más bajos que los que existirían en caso de que el Gobierno decida aumentar el gasto para estimular la economía.

2.-En su opinión, esta falta de dinamismo que presenta la economía dominicana y la baja en los ingresos fiscales ¿es consecuencia directa de la crisis financiera global o  hay otros factores envueltos?

La recesión que se registró en los primeros 9 meses de 2009 fue producto de una combinación de factores externos e internos. La crisis financiera internacional redujo los flujos de comercio, contrayendo la demanda de los bienes y servicios exportables dominicanos, así como los ingresos de divisas. Esto provocó la disminución del ingreso disponible de los agentes económicos nacionales y redujo la tasa de crecimiento.

El segundo bloque de factores recesivos es interno. Por un lado, la política monetaria restrictiva aplicada durante el 2008 –que se manifestó en la duplicación de las tasas de interés- disminuyó la inversión y el consumo privados. Por otro lado, la reducción de la inversión pública –consecuencia de la caída de los ingresos tributarios- llevó a las autoridades a reducir en más de un 60% la inversión pública en los primeros meses de 2009, impactando negativamente sobre la inversión privada y sobre la tasa de crecimiento del producto interno bruto.

3.-¿Cree que firmar un acuerdo con el FMI como el firmado por el Gobierno dominicano recientemente, es lo correcto en estos momentos?

La firma con el FMI debió materializarse en septiembre de 2008. La economía dominicana necesitaba recursos externos para enfrentar las presiones recesivas (externas e internas) y el acuerdo con el FMI le daría acceso al financiamiento de los organismos internacionales. Lamentablemente, mientras algunos funcionarios del Gobierno dominicano señalaban que el FMI debía encargarse de ajustar la economía estadounidense, otros países se adelantaron y firmaron acuerdos con el Fondo, obteniendo recursos que minimizaron el impacto recesivo de la crisis financiera internacional. Esa posición contrastaba considerablemente con la de las autoridades del Banco Central, quienes promovieron oportunamente la firma con el Fondo.

4.-Como usted sabe, en el país hay sectores que entienden que una vez termine la política dinamizadora del Gobierno éste promoverá una reforma fiscal. El Gobierno, sin embargo, lo ha negado. ¿Qué piensa usted?

Hace más de seis meses señalé que el Gobierno dominicano pondría en marcha una nueva reforma tributaria después de las elecciones de mayo de 2010. La ejecución del acuerdo con el FMI me dará la razón. En el texto de la Carta de Intención se afirma que el Gobierno deberá tomar medidas que permitan recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Dado que la presente administración nunca ha reducido el gasto corriente –que representa más del 70% de los gastos públicos- será necesario aumentar los ingresos tributarios para lograr disminuir el déficit público tal como exige el acuerdo firmado con el FMI. De esto se desprende que después de las elecciones se ejecutará una nueva reforma tributaria, que incluirá mejoras administrativas, ampliaciones de bases imponibles e incrementos de tasas impositivas. No me sorprendería un aumento de los impuestos a los hidrocarburos como primera medida en el muy corto plazo.

5.-El peso de la deuda pública, la externa y la interna, es una gran preocupación entre algunos economistas, pero no así en el Gobierno. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema?

El servicio de la deuda pública previsto para el 2010 representa un 41.6% del total de los ingresos tributarios. Esa información es preocupante, pues la deuda pública ha estado subiendo de forma exponencial en los últimos años. En términos absolutos, hacia finales de este año se estima que la deuda pública supere los US$20,000 millones, cifra que representa más del doble del nivel registrado en agosto de 2004. Ese aumento de la deuda implica mayores impuestos en el futuro o el uso del impuesto inflacionario, que se traduciría en una mayor tasa de  depreciación del peso.

6.- Cuando se toca el tema del Presupuesto Nacional, algunos sectores entienden que el Gobierno lleva una línea equivocada, pues una alta proporción del mismo está consagrada al pago de nómina y al servicio de la deuda pública, y descansa la inversión en créditos externos y en bonos. Estos sectores prefieren el “método de Balaguer”: gastos corrientes bajos y alta inversión con recursos propios. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta cuestión?

La relación óptima entre gastos corrientes y de capital depende de las necesidades de la sociedad dominicana. Para lograr esa relación adecuada es imprescindible que los gastos corrientes y de capital sean priorizados mediante el uso de técnicas de costo-beneficio.

Esas técnicas cuantitativas permitirán determinar si es preferible elevar la inversión en educación o invertir en la construcción de un Metro.

Asimismo, arrojará luces sobre la conveniencia o no de expandir el sistema de atención de salud preventiva del país. En base a esa priorización de los gastos se obtendrá el máximo provecho de los pagos de impuestos que realizan los contribuyentes y el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos se convertirá en un verdadero instrumento de desarrollo humano nacional.

7.-Dígame, por favor, ¿cuáles son, desde su visión, los tres o cuatro principales problemas que la economía dominicana debe enfrentar con urgencia?

El principal problema de la economía dominicana es el bajo nivel educativo. La mano de obra local no es capaz de suplir bienes y servicios de alto valor agregado de manera competitiva a nivel internacional.

Esto limita considerablemente la capacidad de crecimiento y de mejorar la distribución de los ingresos.

El segundo problema es la corrupción administrativa y la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.  La corrupción desvía los recursos públicos hacia personas o entidades que con fines totalmente divorciadas del desarrollo nacional y aumenta los costos de inversión y de hacer negocios en la República Dominicana.

El tercer problema es la debilidad de la justicia. A pesar de los avances que se han registrado en los últimos años, las decisiones de la judicatura todavía no son compatibles con una economía moderna y eficiente.

El protagonista

Jaime Aristy Escuder

Economista

Doctorado en Universidad de Barcelona

Maestría en Economía Financiera

Maestría en Matemáticas Puras

Entre 1990 y 1994 fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinador nacional del Primer Informe de Desarrollo Humano de la República Dominicana.   Director de Investigaciones de la Fundación Economía y Desarrollo. Consultor del Banco Mundial (BM), del BID, del Programa Mundial de Alimentos, del UNICEF, de la CEPAL, y de la USAID. El doctor Aristy Escuder ha escrito y colaborado en 10 libros publicados en la República Dominicana o por casas editoriales extranjeras, entre ellas el Fondo de Cultura Económica.

La cifra

20,000 millones de dólares.  El servicio de la deuda pública previsto para el 2010 representa un 41.6% del total de los ingresos tributarios.

Esa información es preocupante, pues la deuda pública ha estado subiendo de forma exponencial en los últimos años. En términos absolutos, hacia finales de este año se estima que la deuda pública supere los US$20,000 millones, cifra que representa más del doble del nivel registrado en agosto de 2004.