La participación y baja representación de la mujer en los órganos del Estado es uno de los temas más importantes y debatidos a escala mundial. Durante años las mujeres del mundo han demostrado la voluntad y el deseo de pertenecer a las instituciones de toma de decisión y, a pesar de que se ha avanzado con paso lento, se espera que en los próximos años su integración sea mucho mayor.

Desde la década de 1970 las mujeres latinoamericanas han estado involucradas de manera activa en las luchas contra las dictaduras y el posterior proceso de transición a gobiernos democráticos.

Es importante destacar que las cuotas de género o cuotas legislativas han sido imprescindibles en todo el proceso de integración de las mujeres a los espacios legislativos.

No obstante, aún es evidente la baja representación femenina dentro de estas instituciones, lo que hace necesario establecer mecanismos que garanticen la equidad e igualdad política. Desde este punto de vista, la paridad de género se concibe como un instrumento indispensable para lograr este objetivo.

Paridad política y avance de Latinoamérica hacia un Estado paritario. La paridad es una forma de organización política y social que busca establecer la representación y participación igualitaria dentro de todos los organismos gubernamentales. Su implementación no aporta beneficios exclusivamente a la mujer, sino que trata de asegurar la igualdad política a todas las personas que, hasta el momento, se encuentran en desventaja producto del patriarcalismo del sistema político.

La necesidad de implementar la paridad de género en los Estados democráticos surge como un producto de las desigualdades y la exclusión de la mujer en las instancias gubernamentales.

En 2007 se celebró la “X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina” y en 2010 la “XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe”, ambas de gran envergadura en cuanto al tema de la inclusión de la mujer en los organismos gubernamentales. Con estas actividades se estableció la necesidad de implementar Estados paritarios en toda Latinoamérica y en los países del Caribe, considerando la paridad como herramienta indispensable de la democracia e indicando que lograría erradicar la exclusión de las mujeres en estas instituciones.

A partir de estos años, algunos de los países de América Latina implementaron las cuotas paritarias en sus sistemas, entre ellos Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Venezuela, Argentina y México.

Según datos obtenidos en las leyes de Latinoamérica y la clasificación mundial de la Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015), se puede observar la baja representación de las mujeres en sus poderes legislativos: Brasil (9%), Guatemala (13%), Uruguay (13%), Paraguay (15%), Chile (16%), Venezuela (17%), Panamá (19%), República Dominicana (19 %), Colombia (20%) y Perú (22%).

Llama la atención que a pesar de que Cuba no posee una ley de paridad de género, presenta un porcentaje de participación de 49%, es decir, aproximadamente la mitad del Poder Legislativo es femenina. Es importante resaltar que algunos países que no poseen cuotas de género establecieron en sus partidos políticos las cuotas voluntarias. Entre estos se encuentran Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

¿República Dominicana hacia la paridad de género? Según datos aportados por ambas instituciones, en la actualidad, el Congreso Nacional se encuentra integrado por 190 diputados y 32 senadores, 222 legisladores en total, de los cuales solo 43 son mujeres, apenas el 19%. De estas legisladoras, 39 pertenecen a la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

Esta sección del Congreso está conformada por 40 comisiones de estudios a las iniciativas legislativas y solo cinco están presididas por mujeres.

La situación en el Senado es más alarmante, a pesar de que es dirigido por una mujer: este órgano está integrado por 32 senadores y solo cuatro son mujeres; tiene 32 comisiones y tres son coordinadas por senadoras.

De su parte, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) está compuesto por 21 diputados dominicanos, entre ellos seis son mujeres. Este organismo consta de 13 comisiones, cuatro de ellas presididas por mujeres, incluida una dominicana.

De acuerdo con lo observado en el Mapa No. 1, las provincias con mayor número de legisladoras son Santo Domingo (9), Santiago (4), San Cristóbal (4) y el Distrito Nacional (3). La Vega, Dajabón, Valverde, Monseñor Nouel y El Seibo cuentan cada una con dos diputadas, mientras que Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Duarte, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, San Juan y Monte Plata apenas poseen una diputada por provincia.

Actualmente, 13 provincias del país no cuentan con ninguna representación femenina.

Cantidad de legisladoras por provincia. Según datos aportados por la Cámara de Diputados (CD) y estadísticas elaboradas por el Observatorio Político Dominicano (OPD), las legisladoras han participado como co-proponentes o firmantes en el 25 % de los proyectos de ley sometidos a la Cámara de Diputados entre 2010 y agosto de 2014, lo cual es una buena cifra, debido a que ocupan solo el 21% de los escaños en el Congreso Nacional.

En cuanto a las iniciativas legislativas sometidas, el 85% de los proyectos de ley es propuesto por los legisladores y apenas el 6% es introducido de manera exclusiva por ellas, lo que indica que cada legisladora ha sometido en promedio dos proyectos de ley, mientras que los diputados y senadores han sometido aproximadamente seis iniciativas durante este período legislativo.

. La primera de ellas fue Rafaela (Lila) Alburquerque (1999-2003), resultado de un acuerdo entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). La segunda ha sido la Lic. Cristina Lizardo (2014-2016), quien logró posicionarse como presidenta del Senado, convirtiéndose en la primera mujer en presidir la cámara alta.

Consideraciones finales. En los últimos años las cifras han asegurado y demostrado que la implementación de las cuotas de género ha contribuido a aumentar la cantidad de mujeres en las actividades políticas institucionales, especialmente en los órganos legislativos. Sin embargo, aún no se ha logrado un equilibrio, lo que indica que al parecer queda mucho camino por recorrer para lograr la equidad de género en los espacios de decisión.

Hay que tomar en cuenta que los legisladores forman parte de la opinión pública y que representan a la población en los organismos de decisión, por lo que sería recomendable que las cámaras legislativas se conviertan en instancias fundamentales en las luchas contra las tendencias discriminatorias.

En el caso dominicano, a pesar de los logros obtenidos, la situación amerita impulsar en materia legislativa la equidad e igualdad de género.

Dentro de los aspectos a mejorar se encuentra asegurar de alguna manera una mayor representación femenina en el Congreso Nacional (CN), especialmente en la cámara alta.

De igual forma, es necesario definir la importancia de introducir proyectos de ley que favorezcan los asuntos de género, pues actualmente las leyes presentadas en el Poder Legislativo que tratan el tema de manera específica son pocas. Otro de los aspectos a analizar es que, si bien es cierto que se necesita mayor participación e integración en la política, también es imprescindible que las legisladoras participen de manera más activa en el sometimiento y análisis de los proyectos que son introducidos en las cámaras.

Finalmente, está claro que la implementación del Estado paritario en toda América Latina y el Caribe es un paso inevitable. Igualmente, es bueno recordar que este tipo de Estado viene de la mano de un conjunto de pasos que garantiza su permanencia y efectividad, como son la educación, la formación política y la concienciación de las mujeres.

Fuente: Elaboración OPD-FUNGLODE en base a datos proporcionados por las cámaras legislativas y el PARLACEN.