La operación política tendente a reducir al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la caricaturización electoral constituye materia de análisis, donde una combinación de errores de su histórica dirección sumados a maniobras oficiales retratan la tragedia del principal instrumento partidario con posterioridad a las elecciones de diciembre de 1962. Lo innegable es que sus figuras cimeras no entendieron los cambios experimentados en la sociedad y los desequilibrios generados después de la desaparición de José Francisco Peña Gómez. Y es que la grandeza del líder, garantizaba consistencia ideológica, conexión con los sectores populares y cohabitación interna.
El ejercicio de poder 2000-2004 validó años de espera, pero los desbordamientos entre partido y gobierno postergaron la articulación de un proyecto político en capacidad de reconstruir la agenda liberal. Culpas y culpables no entendimos que lo de mayor trascendencia lo representaban los símbolos y el compromiso de transformación institucional. Pocas veces bien defendido, pero en el balance de los avances, las leyes de seguridad social, educación, acceso a la información, código monetario y financiero, prácticas desleales de comercio, de electricidad, ética del servidor público, medio ambiente, propiedad industrial y procesar penalmente tanto a funcionarios de la administración anterior por el caso PEME, como a servidores de la administración perredeísta, producen la materia prima para que los ciudadanos establezcan las diferencias.
Desde 1996, en el espectro electoral existen dos acciones que, desde la visión gubernamental, establecieron las bases de una concepción hegemónica, para tomar la estructura social conservadora de origen reformista y “adecuar” al partido blanco hacia una formalidad opositora que baile al ritmo del interés peledeísta. En el terreno de los hechos, la dirigencia oficial supo encontrar las debilidades de sus potenciales adversarios, y al identificarlas, hicieron banal el ejercicio opositor porque una parte del liderazgo llamado a enfrentarlos se acomodó y rentabilizó su rol. Por supuesto, existen excepciones.
Cuando el proceso de competencia interna dentro del PRD seleccionó un candidato para las elecciones del 2012, desde el partido morado se entendió que la fragmentación de esa fuerza electoral estaba directamente asociada con el perfil del candidato derrotado que, combatido y descalificado moralmente en la competencia presidencial del 2008, resultaba útil en el marco de la agenda de perpetuación política. De ahí que las acciones sediciosas se “compensaron” con la administración de las siglas partidarias, vía Tribunal Electoral y cuotas de poder. Aunque el rumor siempre existió, la concreta manifestación del pago a “los servicios prestados” llegó con un decreto ministerial en agosto del 2016 y dos o tres súcubos con espacios en la administración.
La banalización del PRD se agravó no sólo como estrategia de sectores políticos y fuerzas sociales disgustados con el origen de un partido anclado en el alma de los desprotegidos, sino que la gestión institucional del partido blanco descansa en manos de gente sin sentido ni compromiso de la responsabilidad histórica de una organización digna de mejor suerte, agravada por la ruina moral que retrata al administrador de sus siglas.

Miren lo irónico: el mismo dirigente que en el intento de aspiración presidencial es descalificado por el PLD porque no posee herramientas indispensables para el desempeño público, resulta extremadamente apto para utilizarlo al frente del partido blanco.

Lo políticamente “útil”, termina banalizando 78 años de historia.