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Los principales ejecutivos de la Asociación de Bancos Comerciales fueron sorprendidos por el Senado de la República con la aprobación de un impuesto al retiro de dinero efectivo de los bancos. Esta propuesta de gravamen nunca fue discutida con los banqueros, quienes se reunieron con el Gobernador del Banco Central y con legisladores. La Asociación pidió a los diputados desestimar el gravamen, porque introducirá distorsiones en el sistema financiero y estimulará la informalidad en la economía.
La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) pidió ayer desestimar el impuesto al retiro de dinero en efectivo en las instituciones financieras y que se equilibre la carga tributaria entre los distintos sectores de la economía.
Solicitó que, antes de que el gravamen sea aprobado definitivamente por los diputados, se escuche al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, al sector remesador y los argumentos de la ABA.
Advirtió que el gravamen impactará negativamente a quienes viven de las remesas e implicará un costo adicional para los clientes bancarios.
La entidad que agrupa a los 15 bancos múltiples dijo que ese impuesto creará un costo adicional a los clientes que acuden a realizar retiros de sus depósitos y provocará mayor uso de los cajeros automáticos.
Resalta que ningún momento del diálogo se contempló ni se discutió otra figura impositiva que gravara a las entidades del sistema financiero o a sus clientes.
Señala que el gravamen tendrá un efecto negativo en las personas que reciben remesas a través de las instituciones financieras, quienes sufrirían una merma en sus ingresos.
Plantea que el impuesto desincentiva la bancarización y estimula la informalidad de la economía y a la larga afectará la recaudación impositiva.
La ABA, que expuso sus consideraciones en un comunicado y una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, recordó que en un acuerdo con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, los bancos asumieron el sacrificio de un gravamen de 1% a los activos financieros netos, que eleva a un 50% la presión fiscal de las instituciones financieras.
