FEDERICO HENRÍQUEZ GRATEREAUX
En nuestro país se habla continuamente de “apertura de mercado”. De la apertura a los exportadores extranjeros mediante “el desmonte” de los aranceles aduanales. Se nos dice que de este modo “tendremos acceso” a los “bienes de consumo” a precios más bajos. La industria nacional, nos aclaran, ha estado “sobreprotegida” y no produce con “la debida eficiencia”. Las empresas deficitarias deben desaparecer, concluyen algunos expositores económicos.

Falta saber de dónde saldrán los salarios que permitan a los dominicanos comprar productos importados. ¿Si nuestras empresas cierran, donde trabajaremos? La respuesta inmediata es: otras oportunidades de empleo “surgirán durante el proceso de cambio”. A la apertura a los exportadores extranjeros se añade la apertura a los inversionistas extranjeros. ¿Puede haber algo mejor que la inversión extranjera? La “inversión foránea” aporta “recursos frescos” a la economía dominicana; se trata de dólares que entran, de “tecnologías que se transmiten”. Además, nos dicen, la globalización de la economía es “imparable”.

Apertura para el libre comercio; apertura a la inversión de capitales; apertura al trabajo de los inmigrantes de otros países. Son tres “aperturas” simultaneas. ¿Se han previsto las consecuencias de la acción imbricada de esas tres aperturas?  Se discute  a menudo si debemos ser una economía “de servicios” o una economía “exportadora de bienes agrícolas”; también se dice que la RD podría ampliar su parque industrial de zonas francas internacionales. La “inminente” entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los EUA y Centro América pone estos asuntos “sobre el tapete”. Los econometristas podrían entretenerse construyendo diversos “escenarios” con las “proyecciones” de cada una de estas alternativas económicas, si es que en este punto cabe emplear la palabra alternativa. Tal vez así quede en claro que algunos de estos caminos significan: “donación” del mercado, desindustrializacion, reducción del “nivel de empleo” y, a la vez, del valor del salario.

La debilidad de la banca dominicana es más que evidente.  No es necesario entrar en el examen de las recientes quiebras bancarias o intervenciones oficiales en instituciones financieras recapitalizadas. Todo esto es de sobra conocido.  Los bancos dominicanos tienen hoy grandes dificultades para prestar, esto es, para cumplir con su misión económica principal. La tasa de interés ha sido muy alta en el pasado inmediato; en consecuencia, la demanda de créditos ha bajado considerablemente; atrasos en los repagos, capitalización de intereses por mora, son problemas frecuentes. Los bancos han hecho grandes esfuerzos para “evaluar riesgos” y lograr la “normalización” de sus carteras de préstamos. También han organizado ferias para financiar la compra de casas y automóviles, sean nuevos o usados. Casas y automóviles son las garantías de los préstamos. Esto nada tiene de malo y si mucho de bueno. Aunque, como es obvio, no sea suficiente.

Las nuevas normas prudenciales, a las que por saneamiento han de someterse los bancos después de tantos estragos, son severas ataduras que dificultan la concesión de créditos a las empresas dominicanas de mayor actividad económica. Para ser “sujeto de crédito” es obligatorio que la empresa solicitante presente estados financieros auditados por una firma confiable de contadores públicos y, además, que esos estados coincidan con la declaración jurada al negociado de impuestos sobre la renta. Por ello la banca nacional dominicana difícilmente podrá conceder un crédito importante, a mediano plazo, a una empresa productiva de la República Dominicana. Las empresas agroindustriales, que requieren perentoriamente tecnificar o mecanizar su producción, no disponen de créditos con tasas de interés preferenciales, como ocurre en varios países de América.  Hipotecar tierras, pignorar producción almacenada, solo puede formalizarse si los bancos hacen reservas para el riesgo, con el consiguiente incremento del costo financiero.  En una situación así la banca dominicana tendrá, paradójicamente, que financiar localmente a las empresas extranjeras en condiciones de cumplir con todos los requisitos.

El “salvamento” de los bancos comerciales obligó a las autoridades monetarias del pasado gobierno a emitir certificados del Banco Central con altas tasas de interés. El propósito de estas operaciones de mercado abierto era sacar dinero de la circulación para aminorar las “presiones inflacionarias”. El nuevo gobierno del Presidente Fernández heredó ese espinoso problema y lo manejó con destreza y buen juicio. Pero los bancos privados quedaron indisolublemente unidos al Banco Central en una acrobática maniobra macroeconómica. Los bancos no deben, de manera permanente, ser “bancos rentistas” del Banco Central. La economía dominicana, las autoridades dominicanas, los banqueros dominicanos, han de encontrar una salida, tanto al déficit cuasi fiscal que les ata, como a la imposibilidad de financiar a las empresas productivas agroindustriales. El FMI y otros organismos internacionales tienen ejecutivos capaces de entender nuestras primarias necesidades económicas, políticas, sociales. El trabajo diplomático imprescindible no se ha hecho aún.   Debería comenzar hoy.