JUAN BOLÍVAR DÍAZ
En cualquier parte del mundo civilizado el dato produciría un estremecimiento, pero aquí muy pocos se han dado por enterados. El último informe de la Procuraduría General de la República sobre homicidios en el pasado mes de agosto indica que 58 personas perdieron la vida a manos de agentes policiales.

De esa alarmante suma, 45 cayeron en los llamados «intercambios de disparos con delincuentes», mientras los 13 restantes fueron abatidos por agentes «del orden público» que no estaban en servicio.

El mismo informe revela que entre enero y agosto, es decir en los primeros 8 meses del 2005, la Policía Nacional ha dado muerte a 440 personas, 345 en intercambios de disparos y 95 por parte de agentes fuera de servicio. Como los agentes policiales y de la marina muertos en servicio fueron cuantificados en 4, eso quiere decir que los «intercambios» son muy desequilibrados. O tal vez que los policías tienen muy buena puntería y los delincuentes y supuestos delincuentes muy mala.

Esas estadísticas significan que las muertes a manos de los agentes policiales mantienen un incremento extraordinario y que en agosto casi llegamos al promedio de dos por día, lo que supone una duplicación al promedio de uno por día durante el año pasado, al de 1.4 por día del primer trimestre del 2005, y al 1.5 por día entre enero y mayo pasados.

Los 345 muertos en «intercambios de disparos» registran 1.5 por día, pero al fin y al cabo no hay mucha diferencia entre uno y otro renglón. La mayoría de estos son verdaderas ejecuciones, que lo mismo se llevan a reales delincuentes que a personas inocentes. Como quiera son muertes violentas que están revelando la barbarie de la sociedad dominicana, en dimensiones impensadas en el mundo civilizado.

Tan solo en la edición del pasado lunes de El Nacional aparecen tres denuncias de muertes en intercambios de disparos, como ejecuciones policiales. En la página 12 el señor Juan Francisco Jiménez pide al jefe policial una investigación de los balazos propinados a su hijo Juan Javier Jiménez y del asesinato del jovencito Estiel Francisco Pérez, quien lo acompañaba en San Pedro de Macorís donde fue a realizarle una diligencia. Reconoce que ambos viajaban en un motor conducido por un tal Jonathan, a quien la policía busca. Este escapó mientras los pasajeros cayeron uno muerto y el otro con 5 balazos.

En la página 18 de la misma edición se cuenta que la jueza de instrucción de Santiago Clara Polanco dictó prisión preventiva contra dos rasos de la PN por la muerte del joven Mario Nelson Torres y las heridas ocasionadas a su hermana Dilenia Yuderka Torres, cuando fueron atacados a tiros en el área del monumento el viernes 9.

En la página 22 se recoge la denuncia de Antonia Soriano de cómo una patrulla policial asesinó a su esposo Elías Martínez en Conde Tercero de Sabana Perdida. Le dispararon al pecho cuando salía de unos terrenos estatales, según la señora. El diario recoge que el fue previamente encañonado por un agente, quien le habría preguntado al coronel Cuevas Florián qué hacer, y este le respondería que ejecutara.

Es demasiado sangre, son ya muchos muertos. Ya no se trata del récord de 250 que impuso la policía en la jefatura del general Pedro de Jesús Candelier, en 1999. Es que los 440 de los primeros 8 meses, proyectan 660 para todo el año. Son demasiadas personas humildes, del montón, que caen víctimas de los agentes que pagamos para la protección ciudadana.

Llama la atención el liderazgo que tiene la provincia de Santo Domingo, con 76 muertos a manos de la policía entre enero y agosto, seguida del Distrito Nacional, segunda concentración poblacional, que registra 45, seguida de Santiago, con 64, donde se da la mayor tasa por habitantes. Le siguen San Pedro de Macorís con 34 y San Cristóbal con 27.

A su vez vale saber que los 58 muertos del mes de agosto por las balas «del orden público» representan el 28 por ciento de los 206 muertos por violencia que registró en agosto pasado el informe de la Procuraduría General, una proporción demasiado elevada.

Frente a estas estadísticas nos preguntamos a quién apelar. Qué autoridad podrá ordenar la casa para poner fin a esta orgía de sangre. Y lo peor es que ni siquiera se puede tener el consuelo de que esta barbarie esté sirviendo al objetivo de reducir la delincuencia. Porque ésta parece incrementarse en la misma o peor proporción que la violencia policial.

Por lo menos yo no quiero ser cómplice de esta barbarie. Y dejo aquí mi indignado testimonio de rechazo. Aunque sea por un solo inocente asesinado a nombre del combate a la delincuencia. Y aunque sea por un solo delincuente fusilado sin el juicio imparcial, oral, público y contradictorio, con derecho a apelación, que consagran nuestras normas.