Por Nelson Ortega, PhD.
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El pasado mes de noviembre se produjeron dos anuncios en menos de dos semanas que energizaron a la comunidad científica y llevaron esperanza a millones de ciudadanos en todo el mundo azotados por los efectos adversos del COVID-19. Uno de estos anuncios fue hecho por la coalición de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech y otro por parte de la gigante de la biotecnología basada en Cambridge, Massachusetts, Moderna sobre el desarrollo de dos vacunas contra el SARS-CoV-2, conocido coloquialmente como coronavirus, que mostraban un nivel de efectividad por encima del 90%. A esto se le añade el subsecuente esfuerzo también exitoso de las británicas AstraZeneca y la Universidad de Oxford quienes conjuntamente desarrollaron otra vacuna.

Ante estas importantes proclamas dos de las voces más activas en defensa de los intereses de los miembros en desarrollo de la Organización Mundial del Comercio, India y Sudáfrica, decidieron ponerse los guantes y dar una batalla en la OMC por la igualdad en el acceso a posibles vacunas y tratamientos contra el COVID-19 introduciendo una propuesta que busca eximir a los miembros de la OMC del cumplimiento de algunas reglas relativas a la protección de patentes, secretos comerciales o monopolios farmacéuticos contenidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como ADPIC.

Específicamente, la mancuerna compuesta por estos dos gigantes del mundo en desarrollo le solicitó a la OMC que comunicara a través de su Consejo General, el máximo estamento de dirección de la organización, la desactivación temporal de importantes secciones de la Parte II del ADPIC que tienen que ver con la existencia, alcance y ejecución de los derechos de propiedad intelectual. En términos prácticos, esto significa que si la propuesta es finalmente acogida los miembros ya no estarían obligados a proteger en sus jurisdicciones los contenidos y productos que constituyan creaciones de carácter intelectual tal cual los compromete actualmente el ADPIC, un acuerdo que a su vez reproduce muchas de las disposiciones de protección a la propiedad intelectual en virtud del Convenio de Berna de 1971.

Lo mismo aplicaría a los dibujos y modelos industriales que se utilizan en la fabricación de equipos médicos como respiradores o de protección como las mascarillas N95 y lo que es aún más importante es que de aprobarse esta disposición el ADPIC quedaría prácticamente inutilizable, por lo menos temporalmente, para la protección a las patentes de las grandes empresas farmacéuticas desarrolladoras de vacunas.

Una de las preocupaciones que motivaron a los proponentes a elevar esta iniciativa es el hecho de que los países ricos han venido colocando ordenes por adelantado de las vacunas contra el COVID-19 tras firmar acuerdos con las farmacéuticas anteriormente mencionadas. En el caso de la vacuna que desarrolla la norteamericana Moderna se dice que ya el 78% de su primera tirada ha sido reservada por varios países desarrollados. India y Sudáfrica sostienen que en vista de esta situación de acaparamiento anticipado de vacunas se hace ineludible para los miembros en desarrollo de la OMC el contar con sus propias capacidades industriales locales que les permitan producir y distribuir vacunas asegurándose además de que estos esfuerzos no se vean impedidos por las disciplinas de protección a la propiedad intelectual del ADPIC.

Las autoridades en Nueva Delhi y Ciudad del Cabo temen una nueva edición, esta vez teniendo como protagonista a las vacunas contra el COVID-19, de una crisis parecida a la del aumento en los precios de los alimentos de 2008. En ese entonces una tormenta perfecta de especulación, aumento excesivo en la demanda y la desviación en la utilización de alimentos hacia la producción de biocombustibles provocó una dolorosa escasez de importantes rubros agrícolas en los países en desarrollo mientras que los alimentos eran acaparados por el mejor postor y vendidos a futuro en la bolsa de Chicago, una de las mayores plazas para el comercio de productos agrícolas.

Actualmente 134 países, incluyendo a la Republica Dominicana, apoyan la propuesta de India y Sudáfrica, lo que equivale a más del 90% de la membresía de la OMC, sin embargo, debido a que las disposiciones en la organización se adoptan por consenso un grupo de países desarrollados ha logrado hasta ahora frustrar la voluntad de la mayoría de los miembros que patrocinan la iniciativa.

Entre los miembros que objetan la propuesta se destacan la Unión Europea, Noruega, Japón, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza y Australia. Obviamente, estos son los mismos países desarrollados que albergan las casas matrices de los mayores conglomerados farmacéuticos y biotecnológicos del mundo y donde operan además grupos de presión y cabildeo de gran influencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el lobby de la industria farmacéutica, mejor conocido como Big Pharma, está bien posicionado en las estructuras de poder de esa nación.

Los europeos han argumentado en contra de la propuesta indio-sudafricana diciendo que no existen indicios probatorios de que las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual sean una barrera para el acceso a los medicamentos y tecnologías relacionadas con el tratamiento, prevención y mitigación del COVID-19. También expresaron que la medida se puede considerar como extrema en el abordamiento de un problema aún inexistente. La delegación estadounidense sostiene que es precisamente en la protección de los derechos de propiedad intelectual emparejado con la promoción de la innovación y la competencia donde se encontraba la garantía del acceso a las vacunas por parte de todos los países.

Si bien es cierto que compañías como AstraZeneca han prometido ayudar a los países más pobres a tener acceso a la vacuna a través un acuerdo con la asociación internacional Alianza para la Vacunación aún persiste el escepticismo entre los países en desarrollo sobre la buena voluntad de las grandes farmacéuticas para hacer sus medicinas accesibles a las poblaciones de ingresos más bajos.

Le evidencia muestra que en los últimos años los precios de las principales medicinas han venido en aumento. Si vemos por ejemplo el caso del inmunosupresor Humira, del laboratorio estadounidense AbbVie, y por cierto el medicamento de mayor venta en el mundo utilizado para tratar artritis reumatoide y algunas condiciones autoinmunes, el mismo no ha parado de subir de precio con aumentos de entre el 7% y 19% anual desde 2017 y con un costo por el orden de los miles de dólares mensuales que imposibilita su utilización por parte de los pacientes más pobres.

Los sudafricanos, en su condición de copatrocinadores de esta propuesta, han sufrido en carne propia los horrores de una crisis sanitaria para la cual no existe una cura asequible. Tal fue el caso a mediados de la década de los noventa con la epidemia del VIH / SIDA y su propagación en el África subsahariana. A pesar de que ya para el inicio del presente siglo existían tratamientos muy efectivos contra el VIH su oneroso costo, por encima de los diez mil dólares anuales por paciente, estaba fuera del alcance de la mayoría de los sudafricanos.

En aquel momento el gobierno sudafricano tuvo que librar una batalla de varios años para romper el cartel de las compañías farmacéuticas extranjeras dueñas de la propiedad intelectual detrás de los tratamientos para el VIH / SIDA. Tal cual expresa la delegación sudafricana ante la OMC no existen garantías al momento de que en lo que concierne a la vacuna contra el COVID-19 los países en desarrollo no se verán obligados a librar una batalla similar.

El autor es catedrático e investigador de la Universidad APEC y Consejero de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio