Los tratamientos oncológicos han avanzado a un ritmo acelerado en los últimos años, ofreciendo mejoras notables en los tratamientos clínicos de los pacientes; desde mejores técnicas de diagnóstico a una mayor innovación en los fármacos para el combate de la enfermedad.

De la misma manera, estos avances en los procedimientos han venido acompañados de tratamientos y fármacos oncológicos cuyos valores pueden bordear cifras astronómicas. Como lo demuestra el estudio del Instituto de Ciencias de la Información Humana (IQVIA, por sus siglas en inglés), el gasto en medicamentos oncológicos en los Estados Unidos se duplicó entre el 2012 y el 2017 y se espera que se duplique nuevamente para 2022 hasta alcanzar los 100 mil millones de dólares.

Según sus proyecciones, el mercado mundial de medicamentos terapéuticos de oncología alcanzará los 200 mil millones de dólares para 2022, con un promedio de crecimiento de 10% a 13% durante los próximos cinco años. Una de las razones para el aumento exponencial de los precios de estos medicamentos es la inversión multimillonaria realizada por el sector en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos biológicos.

Frente a este contexto, a finales del 2018, la Organización Mundial de Salud (OMS) lanzó el estudio “Precios de los medicamentos contra el cáncer y sus impactos” en el que acusó a las grandes farmacéuticas de crear una estructura centralizada en el mercado de medicamentos contra el cáncer, que “se caracteriza por una competencia imperfecta”, donde un pequeño grupo de actores han creado alianzas para monopolizar el mercado, usando prácticas irregulares para mantener fuera la competencia y aumentando los precios muy por encima de su verdadero valor clínico; prácticas que dejan fuera de alcance opciones, comprobadamente efectivas, con costos más accesibles, como es el caso de los medicamentos biosimilares.

El estudio de la OMS demostró, por ejemplo, que en los EE.UU. solo tres empresas controlan el 50% del mercado de las medicinas del cáncer, llegando hasta casi el 100% en algunos segmentos de tratamientos específicos. Este desequilibro les otorga a estos actores una enorme capacidad de negociación con organismos reguladores y sistemas de salud, que acentúa aún más la limitación de una gran cantidad de personas de acceder a medicamentos y disminuye el incentivo a la innovación y a la competencia.

Los biosimilares como opción

Frente a esta problemática, en su reporte del 2018, el Panel del Cáncer de la Presidencia de los Estados Unidos recomendó estimular la competencia de biosimilares para el tratamiento del cáncer, invertir en investigación biomédica y proveer a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con los recursos necesarios para enfrentarse a las prácticas irregulares de la industria.

Este mismo año, la FDA aprobó el primer biosimilar de trastuzumab para el tratamiento de algunos cánceres de mama y de estómago basándose en investigaciones que demostraron que el fármaco era comparable a trastuzumab en términos de seguridad y eficacia.

Este proceso de actualización de los sistemas de salud ha evidenciado la necesidad de crear, fortalecer y actualizar marcos regulatorios favorables para los medicamentos biotecnológicos en mercados emergentes, como es el caso de República Dominicana, que permitan la entrada y la competencia por precio e innovación entre los diversos actores del sector. La sana competencia, la farmacovigilancia y la buena comunicación entre los actores solo puede ser garantizado por un sólido marco regulatorio que esté actualizado con los avances biotecnológicos del sector.

El reporte de la OMS concluye que “La corrección global de los precios inasequibles de los medicamentos contra el cáncer requieren considerables ajustes del sistema a corto plazo, pero tales ajustes son fundamentales para la sostenibilidad de acceso a medicamentos contra el cáncer, y medicamentos en general a largo plazo”.

Claramente, cuando se fomenta una sana competencia en el sector de salud, acompañado de una alta farmacovigilancia y regulación adecuada, se permite atender a más pacientes y a su vez, contrarrestar el rápido crecimiento del gasto público en salud, una necesidad que no solo aplica al caso norteamericano, también, y con más razón, en realidades con importantes desafíos como los que se ven en países en desarrollo, como es el caso dominicano.