El título, quizás un poco exagerado en los actuales momentos, trata de llamar la atención a las próximas autoridades que resulten electas en el certamen de 2016, acerca de la necesidad de cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo atinente a la firma de un pacto fiscal, porque lo cierto es que la acumulación de déficit presupuestarios, el aumento sostenido del endeudamiento externo, y el déficit cuasi-fiscal, con su secuela del aumento del stock de certificados financieros del Banco Central, podría a mediano plazo provocar la insostenibilidad de la deuda y un grave ajuste inflacionario.

República Dominicana exhibe una de las presiones tributarias más bajas del continente, apenas 14%, solo superada por Guatemala, además con una gran rigidez presupuestaria, producto de asignaciones específicas a distintas áreas por leyes especiales y a todo eso se suma una baja calidad del gasto a pesar de los avances en los últimos años.

Con esa presión tributaria y tantas necesidades sociales e inversión en infraestructuras, resulta que el Estado dominicano ha venido operando con un déficit fiscal histórico, que sube o baja dependiendo de las coyunturas electorales y que ha sido financiado con un sostenido crecimiento de la deuda pública.

En el año 2000, la deuda pública total (interna y externa) ascendió a US$3,243.5 millones, equivalente al 13.6% del PIB. A mayo de este 2015, catorce años y cinco meses después, la deuda pública total alcanzó el monto de US$23,525.6 millones, equivalente al 35.8% del PIB. Si a lo anterior se añade la deuda cuasi-fiscal, materializada en certificados del BC que expresado en dólares ascendieron a US$8,256.1 millones, resulta que la deuda del sector público alcanzó el monto de US$31,781.7 millones, equivalente al 44.78% del PIB

La deuda del sector público, sin el cuasi-fiscal, aumentó en ese periodo en 634%, para un promedio anual de 45.3%. Aun en este año, con un déficit del sector público no financiero de 2.4% del PIB, las necesidades de financiamiento requieren la suma de US$1,606.1 millones y las aplicaciones financieras (nueva deuda para amortizar la que se vence), US$2,209.1 millones, para necesidades financieras ascendentes a US$3,815.2 millones.

Sin un superávit primario que garantice el pago de los intereses de la deuda va a ser muy difícil fortalecer la vía de la sostenibilidad de la deuda y sin una mayor presión tributaria y mejor calidad del gasto va a ser imposible lograr un superávit primario rondando el 2.9% del PIB, como son los pagos de intereses este año.

El 13 de julio de 2007 se convirtió en ley el Proyecto para la Recapitalización del Banco Central que establece aportes anuales con la finalidad de reducir el déficit cuasi- fiscal. Dichos aportes iniciaban en 0.5% en el año cero (2007) y a este año debían ascender al 1.3% del PIB, sin embargo el Gobierno está aportando desde la ejecución de 2013 mucho menos que el 0.7% del PIB y eso explica como el stock de certificados sigue creciendo. La ley expira el año próximo y el problema sigue en pie.

Como vemos, de seguir la senda de los déficit presupuestarios, aun en los niveles actuales cercanos al 2.4% del PIB, si no se logra un superávit primario que permita cumplir por lo menos con el pago de los intereses de la deuda y si no se busca una solución definitiva al déficit cuasi-fiscal, estamos caminando irreversiblemente hacia una crisis de deuda y severos ajustes vía inflación.

La principal asignatura de la próxima administración será desactivar esa bomba fiscal y el camino lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por supuesto será muy difícil a las presentes autoridades convencer a los actores del Consejo Económico y Social de incrementar la presión tributaria si el gasto público sigue en aumento especialmente por razones electorales. De lo contrario, la reforma tendría que imponerse por la mayoría congresual y eso no es bueno. Una reforma fiscal con la profundidad necesaria debe ser mediante un consenso general.