En algunas áreas el Estado falla por escasez  de recursos para cubrir sentidas necesidades de la colectividad. En materia de  deuda social, lo que más se da es  esperar a que las instituciones  superen su atraso de ejecutorias en favor de  un pueblo ansioso de atenciones.  Otras veces el Estado  es fuente de frustraciones  que  no tienen que ver con lo que le falta sino con lo que le sobra. La crisis que vive el sector inmobiliario de Santiago y el Cibao, a causa de un burocratismo  abultado  y lento, es prueba de ello. Los trámites excesivos y hasta fuera de lugar  y de  la  ley incluso, traban la legalización de títulos. Los expedientes duermen el sueño de los justos. Como resultado el sector de la construcción se siente frenado. Las inversiones se estancan en la región y el progreso también.

La Suprema Corte de Justicia ha mostrado interés de conquistar  el honor de poner orden y dar fluidez a la jurisdicción de tierra, sobre la que, al parecer,  alguna vez pasó un huracán que la colocó patas arriba. Los problemas que lesionan a  constructores y promotores constituyen  un desafío mayor.  Por decenios y decenios la desorganización y carencias   de los archivos de propiedad del país  han sido blanco favorito de falsificadores que han medrado en su entorno. Con el paso del tiempo se ha vuelto crucial la aplicación  en grande  de medidas drásticas que saneen e impriman eficiencia a las funciones de la Jurisdicción Inmobiliaria del Poder Judicial.

Todavía sin el 4% en los hechos

Uno de los aciertos por los que  sería recordado el licenciado Danilo Medina -siendo candidato y luego Presidente- fue  el hacer suya la meta  de dar mayores recursos a la educación preuniversitaria, con un 4% del PBI desde ya. Su actitud supuso un triunfo moral para el  pueblo dominicano, que debe buena parte de sus males sociales a que la escuela nunca alcanzó la importancia que debieron darle los gobiernos.

Consagrado ya el aumento, que en verdad es un mínimo apenas imprescindible para reivindicar a la educación, ahora resulta que la ejecución presupuestaria más atrasada de todas las del Estado es la del Ministerio de Educación. La señal es ominosa. Sin desembolsos completos y a tiempo, con  los que penosamente incumple el Gobierno central, y sin la aplicación  diligente de los recursos para los diferentes proyectos del año lectivo, las autoridades que abrazaron la causa del 4% le fallan al país.