JUAN BOLÍVAR DÍAZ
No hay duda que algo anormal debió ocurrir para que la presa de Tavera fuera desaguada tan abruptamente en la madrugada del miércoles 12 que sus aguas llegaron por primera vez a las calles de Santiago, con una estela de destrucción de todo lo que encontraban a su paso,   cobrando más de una veintena de vidas y dejando a la segunda urbe del país sin agua potable ni electricidad.

 Los daños bajaron por la línea noroeste causando enormes pérdidas a la agricultura, en perjuicio de cientos de productores, incluso exportadores. Las consecuencias serán mayores encarecimientos de la alimentación popular,   afectada desde hace 6 semanas por las secuelas de la tormenta Noel.

 Esas vidas de humildes   dominicanos y haitianos perdidas por el súbito despertar del Yaque dormilón demanda una explicación a la nación, más allá de todo alegato político de acusación o defensa ciega. Nada justifica que se eche tierra sobre los muertos y sobre los daños y que pasemos la página.

 Alguna vez la nación tiene que empezar a funcionar como le corresponde en esta etapa de modernidad de la que tanto se habla. Para evitar que se sigan repitiendo situaciones de gravedad que pasan como las hojas del calendario. Como cuando se cae un avión, debemos buscar la caja negra de la presa de Tavera para ver qué ocurrió.

 Una investigación debió hacerse hace seis semanas cuando al paso de Noel se dio una situación parecida en la presa de Valdesia. Respetables técnicos consideran que allí hubo un manejo inadecuado y se abrieron sus compuertas para desaguarla, sin hacer lo mismo con las de su contra embalse Las Barías, lo que produjo la ruptura de dos de las compuertas de éste y las otras 6 quedaron dobladas. Su reparación costará cientos de millones de pesos. Aparte de los daños a estructuras viales, al medioambiente y de que Baní quedó sin agua a causa de severos daños al sistema de acueducto.

 Reconocidos técnicos consultados, renuentes a aparecer en un debate de matices políticos, entienden que no hay justificación para lo que ocurrió en Tavera. Y plantean que los miembros del Comité de Manejo de las Presas deben ser interrogados bajo juramento para que se establezca la verdad y las responsabilidades, si corresponden.

 Aparentemente no se siguió el manual   o protocolo de operación de esa presa, diseñado a principio de los ochenta, tras la experiencia del huracán David. En esa ocasión las aguas llegaron casi al nivel del desborde, cuando alcanzaron la cota de 3.31.50 metros, cuatro metros más que esta semana. Se llegó a ese crítico nivel porque la falta de energía eléctrica impidió abrir a tiempo las compuertas, que finalmente tuvieron que ser operadas con las manos.

 Desde entonces se estableció que a la vista de una perturbación atmosférica con potencial para sobre pasar la presa, ésta debe desaguarse desde 48 horas antes, dependiendo del volumen acumulado. Héctor Rodríguez Pimentel, el actual director del Instituto de Recursos Hidráulicos, dice que el desague comenzó el lunes a 100 metros cúbicos por segundo y se duplicó el martes, hasta que hacia la medianoche el volumen de entrada de agua alcanzó los 5 mil 500 metros cúbicos, obligando a abrir las compuertas.

 Al menos tres técnicos que conocen el protocolo y han trabajado en las instituciones vinculadas a su operación, aseguran que la recomendación es de desaguar 500 metros cúbicos por segundo, desde las 48 horas antes, es decir 5 veces más que lo ejecutado. También que debieron abrir las 6 compuertas por pares alternados para reducir el potencial destructivo de la crecida.

 Aún si la presa alcanzó el máximo nivel operativo de 3.27 metros, no había que entrar en pánico y se podía desaguar progresivamente, sin pasar de 200 metros cúbicos a 3 mil metros cúbicos por segundo. Hay quienes dicen que se llegó a más de 5 mil metros cúbicos por segundo, que es lo que hubiese ocurrido con una ruptura de la estructura.

 ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué no se siguió el protocolo de operación de la presa? ¿Qué órdenes recibieron los operadores de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Operó el comité de presas?, integrado por técnicos de la CDE, INDRHI, CAASD e INAPA, algunos con muchos años de experiencia.

 Esas y otras preguntas tendrían que ser respondidas en cualquier país donde las instituciones funcionen en mediano grado y haya respeto por la opinión pública y la ciudadanía. Representativos de Santiago deberían reclamar esas respuestas y las responsabilidades y sanciones que de ellas pudieran derivarse. Ya es tiempo de que exijamos respeto.-