La calidad: una asignatura pendiente en el país

La calidad: una asignatura pendiente en el país

El concepto de Calidad no solo se limita a los productos alimenticios, a los servicios públicos domiciliarios, a los servicios públicos y privados en general, sino a todo el sistema de ofertas de bienes, incluyendo la salud, la educación, el sistema de Justicia y ni qué hablar del transporte de cargas y de personas.
Para garantizar la calidad de todo cuanto es necesario para la calidad de vida, existen normas técnicas, algunas obligatorias cuya aplicación están regladas por leyes y reglamentos cuyo cumplimiento emana de organismos especialmente destinados para ello. Estos organismos tienen como función elaborar las reglas y en muchos casos hacerlas cumplir.
En nuestro país existe el Instituto Dominicano para la Calidad -INDOCAL- regido por la Ley 166-12, que sustituyó a la antigua Dirección de Normas -DIGENOR-. Este organismo es bastante abarcador y sus directivos trabajan dentro del marco de la ley y sus limitaciones, en la normalización, principalmente de la metrología legal que es el sistema de pesos y medidas de la República Dominicana.
En este orden, todavía no se ha logrado en nuestro país un sistema único de medidas y nos encontramos con todas las formas de expresión de las mismas. Tal es el caso de la libra, la onza, los gramos, los cc, el litro, galón en los campos y en algunos mercados el “jarrito”, el cajón, la lata, en fin tenemos todas las expresiones, cuando en realidad debiéramos tener un sistema único.
AL INDOCAL le corresponde el control metrológico de todas las actividades de la metrología legal para asegurar la confiabilidad de las mediciones de todo tipo de transacciones comerciales en las aéreas de salud pública, seguridad humana y protección ambiental.
El sistema dominicano para la calidad no tiene potestad para sancionar a los incumplidores de la ley o más bien a los violadores de las normas, por lo que el legislador transfirió a PROCONSUMIDOR esa potestad en la Ley 166-12, porque entendió que no debía existir dos organismo con la misma función.
Un grupo de abogados pagados por sectores económicos muy poderos han interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso para que declare inconstitucional los artículos de la Ley 166-12 que le otorgan esas atribuciones a PROCONSUMIDOR.
De modo que si el Tribunal Constitucional comete el error de acoger esa petición, simplemente en el país no habrá sanción para todos los que incumplan con las normas de calidad, no solo en el peso y las medidas; hablamos de asuntos tan riesgosos como la contaminación de los alimentos, y todos los riesgos a la salud de la población. (Seguiremos con este tema).

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