La Cámara de Cuentas debía ser un organismo independiente para que cumpla con sus funciones de fiscalizar la buena aplicación de la Ley de Gastos Públicos.

Alguna vez se pidió que sus miembros no pertenecieran a partidos políticos; hoy eso es una tontería. Que una persona milite en un partido político no le resta seriedad, honestidad.

El problema está en el secreto con que se manejan asuntos tan importantes como la disposición final del dinero que recauda el fisco, de los impuestos de todos aquellos que los pagamos.

Si ese dinero es fruto de tributos que paga todo el mundo, lo menos que se puede exigir es que haya absoluta transparencia en el manejo y aplicación de los fondos y en la rendición de cuentas.

El afán por ocultar, la intención de dificultar, el misterio, no deben ser las normas cuando se trata de permitir el acceso a cualquier investigación relacionada con el manejo de fondos públicos.

Los datos de gastos e inversiones del Gobierno central, Ayuntamientos y sector descentralizado son ocultados y nos obligan a creer lo que dice la oficina de Presupuesto sobre los gastos del Gobierno, con aquellas publicaciones sobre la ejecución mensual presupuestaria.

Si al final del examen de las cuentas del ejercicio fiscal la Cámara de Cuentas recomienda y el Senado no aprueba esas cuentas, el Gobierno quedaría muy mal parado. No sé si hay sanción pero debe haberlas.

Las constantes violaciones a la Ley de Gastos Públicos se reflejan en las operaciones diarias y mensuales de las distintas agencias del Gobierno y en las acciones del Poder Ejecutivo.

Los números fríos y acotejados de las auditorías no reflejan la realidad. Los informes de la Cámara de Cuentas son manejados como secretos de Estado y no lo son.

La nueva Constitución que se mandó a confeccionar el presidente Leonel Fernández, debía contener mandatos claros sobre el importantísimo papel que debe jugar la Cámara de Cuentas y, además, establecer sanciones graves para el manejo alegre de las cuentas del Gobierno.

Sólo algunas auditorías aplicadas por la Cámara de Cuentas llegan a la prensa y pocos se atreven a publicarlas cuando afectan oficinas servidas por favoritos de los Presidentes de la República.

La Cámara de Cuentas no debe ser un organismo que se preste a lavar la cara de los gobiernos, que es tan grave como lavar activos de procedencia dudosa. Que pongan todas las auditorías, todas, en el Internet.

Ahora se conoce la auditoría practicada al Ayuntamiento de Santiago ¿se dará a conocer la aplicada al Ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Y las otras?