La forma en que asumen posiciones a favor o en contra en asuntos a su cargo los integrantes de la Cámara de Cuentas, principalísimo órgano fiscalizador del Estado, informan de su afiliación a dos partidos políticos. El acto de abanderarse continuamente nada tiene que ver con el fondo ni forma de los temas de su competencia. Está a la vista una sujeción como prioridad a alineamientos ajenos a los fines que jurídicamente le dan sentido a la existencia de la entidad. Sus actuales miembros fueron seleccionados mediante un pacto político-partidario de reparto de posiciones para dos siglas: PRM y PLD; y después ha faltado, evidentemente, una asunción de criterios que reafirme los compromisos institucionales dejando de lado la procedencia sectaria que les abrió puertas a los cargos. Ser político no significa, por definición, que los individuos resulten incapaces de diferenciar sus campos de acción en la sociedad existiendo funciones, como las que ellos ocupan actualmente, que comprometen a proceder al margen de convicciones y militancias.

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Sus alineamientos persistentes de hoy parecen negar esa capacidad y confieren a la Cámara perfiles de cuadrilátero para obstinaciones típicas del afán de supremacía que ocupa a los partidos de la repartición de investiduras que ahora viven los ardores de una campaña electoral adelantada que traspasa límites y solemnidades de una institución de control de recursos públicos, en un momento de supremos objetivos de hallar y sancionar manifestaciones de corrupción.