El Partido de la Liberación Dominicana y sus dependencias, Congreso Nacional, Tribunales Superiores, Comité Político, rehúsan aprobar una Ley de Partidos y una Ley Electoral, para que ninguna instancia del país pueda tener seguridad de que los procesos electorales serán transparentes y democráticos.

Ellos saben a lo que se niegan. Se niegan a que los fondos que usen los partidos en las campañas sean contabilizados con nombres de los donantes y sus respectivas sumas, pues así no podrán usar fondos del erario para financiar campañas

Se niegan a que las primarias de los partidos se realicen simultáneamente, para ahorrar tiempo, afectar al mínimo las actividades productivas y sociales y evitar la compra de votos.

Se niegan a la regulación del uso de los medios de comunicación, los espacios públicos y la publicación de encuestas, de lo cual el PLD abusa sin ningún tipo de límites ni sanciones.

Se niegan a reconocer las conquistas de la juventud eliminando las cuotas de participación que le estimulan a resurgir como sector discriminado por siglos.

La falta de un estatuto legal que vele por la transparencia y los procedimientos claros, ha sido causa de muchas frustraciones en el camino de la construcción de nuestra democracia.

Sólo los gobiernos tiránicos, dictatoriales, colocan una camisa de fuerza al ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos. Trujillo y su grupo, quienes finalmente terminaron ricos, coparon todos los poderes del Estado, por la fuerza o por la corrupción, método que emplea el Partido de la Liberación Dominicana muchos de cuyos dirigentes ahora, de la noche a la mañana tienen sólidos bienes de fortuna.

Luego de reuniones y consultas donde se escucharan algunas de las voces más limpias y capaces del país, se decidió proponer sendos proyectos de leyes para regular la vida de los partidos políticos y de la Junta Central Electoral.

Hay que reconocer que la falta de escrúpulos, la desvergüenza, la falta de respeto por ellos mismos ha sido acompañada por un quehacer malsano, ejecutado cuidadosamente por hombres y mujeres salidos del albañal y elevados a funciones públicas inmerecidas.

Por ello necesitaron amarrarlo todo, atar el último extremo, no dejar cabos sueltos para llenar el Congreso Nacional y los Tribunales Superiores con hombres y mujeres dispuestos a gobernar como cuando los legisladores sólo tenían que conocer la palabra “corroboro” para votar por lo que ordenara el gobierno.

La situación nacional actual es de una gravedad tal, que en cualquier momento un acontecimiento menor podría arrimar la chispa y la acumulación de problemas políticos sumados al costo de la vida, el desempleo, la falta de soluciones de salud, entre otros, pudieran iniciar el incendio que se ve venir, de continuar el curso actual de los acontecimientos nacionales.