Antonio Almonte, director de la Comisión de Energía del  Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideró que una falla  fundamental de la capitalización del sector eléctrico del país  fue el de vender  o privatizar los activos de generación y distribución de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) sin contar, en ese momento, con una ley específica para la organización y regulación del nuevo mercado eléctrico.

La capitalización dominicana del sector aquí se hizo al revés, dijo.

Desde 1980 al 2000 se realizaron decenas de reformas para la privatización del sector eléctrico en América Latina, y en todos, excepto en la República Dominicana, lo primero que se hizo fue  aprobar una ley de electricidad, y luego se creó un órgano regulador y después, como paso final, se procedía a la venta de las empresas eléctricas al sector privado, narró Almonte.

 “En consecuencia, al no existir (en este proceso)  una ley y una regulación adecuada, las empresas capitalizadas (EGE-Haina, Itabo, Aes y  Unión Fenosa) entraron al negocio amparadas en contratos leoninos, avalados por la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) y asumieron pronto posiciones de fuerza y sin restricciones jurídico-regulatorias claras”.

En su opinión, esa situación fue lo que dio origen a que luego de las inversiones iniciales de la capitalización, el mercado eléctrico dominicano dejó de ser atractivo para nuevas inversiones en generación, y las propias empresas que manejaban distribuidoras  (AES y Unión Fenosa) se dejaron quebrar antes que invertir.

“La reforma eléctrica del 1999 nació sin institucionalidad específica y sin ninguna transparencia en los mecanismos de asignación de precios, tarifas y participación en el mercado spot”, dijo.

Ese nuevo mercado desarrolló temprano una dinámica de alto riesgo para realizar  inversiones de centenares de millones de dólares sin garantías jurídico-regulatorias concretas, excepto la aprobación de contratos soberanos que obligan al gobierno a pagar siempre, como sucede con la generadora Cogentrix, sostuvo.

En opinión de Almonte, este aspecto y la falta de institucionalidad del sector, ha sido subestimado en el debate sobre el sector eléctrico dominicano.

 “Sin embargo, es un punto crucial, porque es la institucionalidad regulatoria lo que garantiza que un mercado eléctrico privatizado pueda atraer, de manera sostenida y autónoma, inversiones grandes y frecuentes de nuevos capitales”, sostiene Amonte en declaraciones escritas dadas a este diario.

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A revés

La capitalización del sector  se hizo en el 1999 y la Ley General de Electricidad se aprobó en el 2001, destaca Almonte.

Única

“La  única forma de garantizar que funcione  adecuadamente un mercado eléctrico privatizado es con una fuerte y transparente regulación jurídica y económica por parte de órganos públicos”.