La Capo-Política, un peligro para la sociedad dominicana

José Luis Morillo Frias

La política es la ciencia que se encarga de organizar el poder del Estado, haciendo una administración correcta de los recursos, para garantizar bienestar colectivo. Esta como tal, se ejerce con la participación libre, activa y protagónica de la ciudadanía; este es el deber ser de la Política, vista desde su concepción teórica, pero la realidad de cómo se ejerce, nos indica todo lo contrario.

Su funcionamiento ha sido desvirtuado por los actores que ejercen estas funciones, desde una osada auto-denominación, se hacen llamar políticos, cuyos intereses individualistas, pecuniarios, antiéticos y delictivos les descalifican de entrada, no haciéndoles merecedores de tan noble título.

De acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos -IIDH-,  una organización política “es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política”.

Al analizar detalladamente la definición que hace el IIDH sobre lo que debe ser una organización política, encontramos que en la República Dominicana existe un vacío ideológico evidente en los partidos políticos, pero que además, siendo esto lo más grave, la conciencia del pueblo ha sido alienada, contaminada por la perversa idea de ver con normalidad, el saqueo de los bienes públicos.

Esta práctica ilícita e ilegítima, partiendo de que el pueblo actúa por imitación e instigación de quienes deben ser sus ejemplos, en este caso las organizaciones políticas, encabezadas por sus líderes, quienes están obligados hacer paradigmas de comportamiento ético y de respeto a la ejecución del ordenamiento jurídico, pues en ellos y ellas descansa la representatividad, la creación de las leyes, así como el control y monopolio de la fuerza.

La práctica política dominicana ha sucumbido en la asociación de lo delictivo, asumiendo como norte la acumulación, sin importar los mecanismos que deban emplear para preservar el desfalco de los recursos del pueblo. De ahí que el crimen se pone de manifiesto, en el trayecto hacia alcanzar el poder político, no siendo el debate de las ideas lo que desafía a las fuerzas enfrentadas, claro porque no existen ideologías en ellas, sino lo que prima es la violencia, el alcohol, el dinero, la degeneración, la mentira y la traición.

Este escenario muestra un sistema político que ha degenerado en una mafia, dirigida por sus cabezas o capos, tal como se traduce del italiano, jefes de organizaciones que buscan tener poder económico y social utilizando mecanismos criminales para lograr alcanzar sus pretensiones.

La partidocracia tradicional es la conformación expresa de una mafia, donde no se investiga los orígenes de sus miembros y candidatos a puestos electivos, pues único que importa son los recursos que estos puedan manejar, para que sean puestos al servicio de los intereses del capo, perdón, del jefe de la organización política.

Es de esta forma que cotidianamente las disputas por posiciones políticas, siempre terminan en derramamiento de sangre o lesiones graves que marcan un fatídico ejemplo a ser imitado por nuestra población, casos de estos tenemos muchos en nuestra historia político-electoral, crimenes de senadores, regidores sicarios, diputados traficantes de migrantes, síndicos ligados a la explotación del medio ambiente, tiroteos entre integrantes de un mismo partido, asesinatos de síndicos (Juan De Los Santos) y candidatos a senadores (Mateo Aquino Febrillet).

Estas influencias de la capo-política  han generado un desorden y un descontrol en nuestra sociedad, que ha calado en el quehacer de la población, llevándola a repetir estas acciones de irrespeto a la legalidad y de asumir la violencia como vía para alcanzar sus objetivos.

La deshumanización de nuestra sociedad, ha llevado a que se comentan crímenes de una forma tan normal, que ya hasta la capacidad de asombro estamos perdiendo, deseamos que linchen a los delincuentes comunes, celebramos que la policía torture y asesine a jóvenes pobres que infringe la ley, pero no somos capaces de condenar esa mafia disfrazada de políticos que encabezan el sistema de partido, a sabiendas que en ellos/ellas subyace toda la responsabilidad de la epidemia de violencia que ataca nuestro país.

Estas son las consecuencias de un Estado que ha renegado de su compromiso protector y garante de los derechos fundamentales,  dejando de lado su misión de preservar el orden y la paz social.La irresponsabilidad de cómo se han manejado estas fuerzas políticas, han llevado a destruir los principios sociales, generando una violencia de Estado que se manifiesta en la precariedad en la que viven las personas: sin servicios de calidad, marginados del conocimiento, discriminados por su pobreza, excluidos de la participación política y condenados reproducir las practicas delincuenciales para sobrevivir.

Esta violencia es estructural, la han metido en el imaginario de nuestra población, las vemos a diario en el desorden del tránsito, en la represión policial, en las escuelas, en los bancos, en las instituciones públicas, en los servicios de salud, en los estacionamientos, en las plazas comerciales.

La sociedad dominicana se encuentravarada en una paz negativa, si lo analizamos desde la perspectiva de los conflictos sociales, como diría el sociólogo noruego Johan Galtung, donde buscamos aparentar que estamos alejados de los conflictos, ocultando la violencia estructural a través de discursos triviales, no sabiendo que esta es una amenaza latente que apuntala a destruir nuestra sociedad, sino asumimos responder a la deuda social que se tiene con la población.

Solo es posible variar esta realidad a través de la educación, no de esa educación que enajena, entorpece y codifica, sino de aquella que tiene un rol transformador, que busca crear “hombres y mujeres nuevos/as”, capaces de apreciar y asumir lo mejor de la sociedad,dándole valor y dignidad a la vida humana.

La solución a esta epidemia de violencia, no se encuentraen incrementar la violencia de Estado contra los sectores marginados y excluidos, la respuesta está en la transformación de las fuerzas políticas, en la ideologización de los actores políticos, formándolos con el compromiso de servir y de educar para la construcción del bienestar colectivo.

La política debe ser asumida por personas de principios, capaces de ser sensibles al dolor ajeno y que su único interés este orientado en hacer el bien común.