La captura del presupuesto público puede ser definida como el conjunto de actuaciones mediante las cuales empresas, individuos o grupos de intereses influyen en los procesos de asignación de fondos presupuestarios de manera que se orienten en la dirección que le reporte beneficios a expensa del bien común.
En la República Dominicana, la formulación y ejecución del presupuesto público está muy condicionada por la influencia que en las toma de decisiones sobre la inversión y el gasto públicos ejercen quienes realizan negocios con el Estado como son la clase política, los contratistas, los proveedores y demás.
Como lo expresé en un análisis sobre rendición de cuentas y transparencia, la captura del Estado se verifica cuando los grupos de influencia realizan pagos o incentivos ilícitos a funcionarios para influir en los procesos de formación de leyes, decretos y normas del Estado, de manera que se orienten en la dirección que le reporte beneficios en perjuicio del bienestar general.
Durante décadas las decisiones de inversión de los fondos presupuestarios en nuestro país han favorecido programas, proyectos y obras cuya motivación o fin último no se corresponden con las necesidades de los grupos vulnerables o con políticas sociales orientadas a disminuir los riesgos de pobreza, de segregación social, de inequidad y bajo capital humano que sufren amplios segmentos de la sociedad.
El uso dispendioso y caprichoso de los recursos que obtiene el Estado por medio de los impuestos o del endeudamiento, trae por consecuencias, un divorcio entre las necesidades sociales del bien común y la aplicación del gasto público.
Cuales fuerzas determinan la formación del presupuesto público. Existen varios enfoques para explicar la formación del presupuesto público. Por un lado está la corriente basada en la economía del bienestar que considera que el Estado interviene para mejorar el nivel de satisfacción general y trabaja alrededor de una función de utilidad agregada. Según este enfoque, las decisiones presupuestarias están definidas en función de la utilidad colectiva como suma de las preferencias individuales. Por su parte, el enfoque basado en la llamada teoría de las decisiones colectivas sostiene que el presupuesto público es producto de una serie de fuerzas que actúan en el mercado político y que procuran beneficiarse al máximo del presupuesto gubernamental. Se plantea igualmente, que el presupuesto público opera en un esquema político integrado por cuatro categorías de actores como son:
1. Los votantes, que son individuos racionales que procuran maximizar su utilidad, que pueden dar su voto y que quieren a cambio programas que satisfagan sus deseos; 2. Los políticos que son profesionales de la conducción del gobierno que procuran comprar votos con promesas y con obras de gobierno; 3. Los miembros de la burocracia, que son quienes se encargan de la gestión administrativa y, 4. Los grupos de intereses, formados por múltiples agentes sociales, económicos, y organizaciones civiles que procuran obtener máximas ventajas a través de influir en la formación y aplicación de leyes, políticas y programas gubernamentales.
Es evidente que en nuestro país existe un desequilibrio entre estas cuatro categorías de actores verificándose en la práctica una situación de secuestro del presupuesto públicos por parte de una alianza tácita entre los políticos, la burocracia y los grupos de intereses en contra de los votantes, que a pesar de ser mayoría, no tienen influencia en las instancias donde se define en cuales funciones, programas, proyecto u obras se invierten los recursos del Estado.
Resultan asombrosas las distintas formas y prácticas implementadas por los funcionarios de entidades públicas para promover programas, proyectos y obras financiadas con el único propósito de favorecer a políticos, empresarios y grupos particulares vinculados a las diferentes instancias gubernamentales en todos los poderes del Estado. Estas prácticas son estimuladas por la ausencia de entidades de fiscalización y control del uso de los fondos públicos independientes, fuertes y con personal capacitado.
La captura del presupuesto público por los grupos de intereses y la clase política ha impactado negativamente la calidad y la eficacia del gasto público, por medio del abultamiento de los precios de los bienes y servicios adquiridos por las diferentes instancias de gobierno, por la sobrevaluación en el costo de las obras y construcciones del Estado y por uso dispendioso de los recursos presupuestarios.
El presupuesto público es la principal herramienta con que cuenta el Estado para el logro de sus fines. Las implicaciones del presupuesto se manifiestan de diferentes maneras y su impacto en la economía y las condiciones de vida de la población comienza con el cobro de impuestos por parte del gobierno, pasa por el financiamiento y provisión de los bienes y servicios públicos y termina afectando la vida de las personas, de las del desarrollo social y humano. Es esta significativa influencia del presupuesto público en la sociedad lo que ha motivado que desde mediado de la década de los noventa y durante la década de los dos mil, se haya despertado un gran interés por la problemática presupuestaria.
La ocurrencia cada vez más frecuente de actos de corrupción administrativa y mal uso de los fondos públicos y la creciente posibilidad de desvió de los recursos del Estado en provecho de particulares, así como las comprobadas deficiencias en la provisión de los principales servicios públicos y las limitaciones en materia de Salud, Educación y Seguridad Social, son razones más que suficientes para plantearse la necesidad de redefinir los principales aspectos sobre la gestión del presupuesto con el objetivo de que este valioso instrumento deje de ser una fuente de acumulación de riquezas de políticos, empresarios, tránsfugas y oportunistas, en detrimento de la mayoría de la población que aspira a un mejor país.
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Presupuesto
Hay varios enfoques para explicar la formación del presupuesto público. Por un lado, la corriente basada en la economía del bienestar que considera que el Estado interviene para mejorar el nivel de satisfacción general y trabaja alrededor de una función de utilidad agregada. Según este enfoque, las decisiones presupuestarias están definidas en función de la utilidad colectiva como suma de las preferencias individuales. El enfoque basado en la llamada teoría de las decisiones colectivas sostiene que el presupuesto público es producto de una serie de fuerzas que actúan en el mercado político y que procuran beneficiarse al máximo del presupuesto gubernamental. Se plantea igualmente que el presupuesto público opera en un esquema político integrado por cuatro categorías de actores que son: votantes, políticos, miembros de la burocracia y grupos de intereses.
La cifra
5.7 veces. Es la cantidad de veces que se han multiplicado los ingresos en la última década y su inversión no ha resuelto ni un solo problema básico del país, lo que significa que hay uso dispendioso y caprichoso de los recursos del Estado.