POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Es difícil que pase un mes sin que Estados Unidos nos envíe un cargamento de ciudadanos deportados tras cumplir sentencias en sus tribunales, en su inmensa mayoría vinculados con las drogas, más en la modalidad del mercadeo al detalle que en la de consumo, lo que representa un desafío a la capacidad de ser reincorporados a la sociedad dominicana.

  Los del miércoles 27 de junio fueron 74, todos hombres, de los cuales 48, casi las dos terceras partes, cumplieron penas derivadas de las drogas. Los 8 relacionados con asaltos y 3 por homicidios, representaban el 13 por ciento, la misma proporción de los 7 que fueron condenados por faltas «no criminales» más los 3 por posesión ilegal de armas.

 Se estima que los deportados por diversas causas desde territorio norteamericano ascienden ya a más de 45 mil, lo que sin duda constituye otro desafío para la sociedad dominicana, sin que falten quienes pretendan que Estados Unidos cargue con ellos, algo obviamente injusto si se toma en cuenta que las leyes y prácticas nacionales también contemplan la deportación tras pena cumplida de los extranjeros que violan gravemente nuestro ordenamiento jurídico.

 Si damos una mirada más profunda al problema podríamos encontrar que los dos o tres mil deportados por año no son desproporcionados a la población de más de un millón de dominicanos y dominicanas radicados en los Estados Unidos. Probablemente la tasa delincuencial en el país sea más alta, con el agravante de que aquí hay mucho mayor impunidad, lo que quiere decir que muchos delincuentes, sobre todo de poder económico, no pagan los delitos en que incurren.

 En otras palabras que si ese millón y pico de dominicanos no hubiese emigrado seguramente más de 45 mil de ellos hubiesen caído en las diversas categorías y grados de la delincuencia. Cabe la resignación de que esa carga es consecuencia de una emigración masiva que, por otra parte, ha arrojado enormes beneficios a la sociedad dominicana, relevantemente los 3 mil millones de dólares anuales en que ya se cifran sus remesas. Sin ese aporte la pobreza y precariedades nacionales serían infinitamente mayores.

 La conclusión lógica es que en vez de maldecir la carga y pretender echar la culpa del auge de la delincuencia a los deportados, cosa que está estadísticamente demostrada como absolutamente falsa, lo que corresponde es trazar políticas para asistir a los deportados y ofrecerles oportunidades de reincorporación a la sociedad.      

 No faltan quienes creen que basta con recibirlos como delincuentes y ficharlos a veces con exceso de humillación, como si los códigos nacionales e internacionales no confirieran derechos a quienes pagan penalmente las infracciones a las leyes. Hay hasta quienes pretenden que sean juzgados dos veces por la misma causa.

 El tema es para estudios profesionales. Baste observar que en su mayoría los deportados son hombres jóvenes, lo que implica que tienen la mayor parte de la vida pendiente de realizar, y como cada día es más difícil emigrar, sobre todo para quienes tienen récord delictivo, tendrán que buscárselas en el país. 

El camino correcto es el que han intentado en los últimos años dos entidades creadas por dominicanos que conocieron las vicisitudes y sacrificios de los emigrantes: la Fundación Defensa del Dominicano en el Exterior y la Fundación Bienvenido Seas, dedicadas a dar asistencia a los que llegan desarraigados, a menudo con muchos años fuera y casi sin familiares dentro, y especialmente a abogar por su reinserción social.

La segunda fundación mantiene en el municipio Santo Domingo Este la «Casa Renacimiento y Solidaridad» para dar albergue a los que lo necesitan, mientras logran reubicarse. Con un equipo de profesionales voluntarios ofrecen una variedad de servicios y hasta gestionan oportunidades de empleo.

Pero ese gesto de solidaridad está en riesgo de desaparecer. Hasta el año pasado el presupuesto nacional le consignaba 500 mil pesos, equivalentes a 41mil 667 pesos mensuales, con los cuales cubrían parte del costo de mantenimiento de la residencia. Pero en la barrida contra las ONG el Congreso se los suprimió y todavía están a la espera de que se materialicen promesas gubernamentales.

Ojalá que esas promesas se concreten pronto para que no desaparezca la casa de solidaridad ni sea desalentado el esfuerzo de las dos fundaciones. Es una ínfima contribución comparada con la de nuestros emigrantes. Aparte de   lo que significa que no hayamos tenido que cargar con ese millón y pico que buscó mejores esperanzas de vida en otros lares.-