El presidente Danilo Medina dio un paso acertado cuando envió la comunicación al Congreso, pidiendo retornar el consenso y devolver el proyecto de ley de partidos a la comisión bicameral, en momentos en los cuales las organizaciones más representativas de la sociedad civil y las iglesias reclaman un instrumento legal que norme la vida interna de las organizaciones, pero a su vez que limite el tiempo de las campañas, el costo y que los partidos transparenten sus ingresos y gastos.
Haciendo un poco de historia es bueno recordar que tras 18 años dando tumbos en el Congreso parecía que el trabajo de la comisión bicameral permitiría culminar con un proyecto factible de ser aprobado por ambas cámaras y entonces surgió el tema de las primarias abiertas, como parte de un debate interno del PLD, que contemplaba la realización de las primarias abiertas, simultáneas, organizadas por la JCE para la selección de todas las candidaturas, desde el Presidente de la República hasta los directores municipales, pasando por los senadores, diputados y alcaldes.
Un sector del PLD, el liderado por el presidente Medina, favorece las primarias abiertas y tienen argumentos, otro sector del PLD, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, sostiene que es inconstitucional imponerle a las organizaciones políticas un sistema específico de elección. El PRM y el PRSC se oponen a las primarias abiertas y los partidos “emergentes” han pedido ser excluidos de esa modalidad.
Las organizaciones más notables de la sociedad Civil, como CONEP, FINJUS, ANJE, Asociación de Industrias, Participación Ciudadana, así como la Conferencia Dominicana de la Unidad Evangélica (CODUE) se han manifestado en contra del sistema de primarias abiertas y en adición en la Cámara de Diputados ningún sector cuenta con los votos necesarios para aprobar una ley de partidos con primarias abiertas o una ley de partidos que deje en libertad a las organizaciones a decidir qué sistema emplear para sus elecciones internas.
La pasada semana la Conferencia del Episcopado emitió un sopesado comunicado en donde plantean: “Esta democracia, que tanto ha costado al país conquistar, sostener y hacer crecer, ha de motivar a que cada partido este en la libertad de escoger la modalidad de elecciones internas que considere conveniente”. También argumentan: “Entendemos que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos”.
El juego se trancó en la Cámara de Diputados y primero no se logró el quórum en el pleno para conocer el proyecto aprobado en el Senado, luego fue enviada a una comisión especial que tampoco pudo lograr el quórum en la segunda reunión; así las cosas el paso dado por el Presidente Danilo Medina, dirigido a romper el impasse, fue acertado porque esta sociedad no le va a perdonar al PLD y su gobierno que se celebren las elecciones de 2020 sin una ley de partidos.
El debate se ha limitado a las primarias abiertas, sin embargo el aspecto fundamental de una ley de partidos es el tema del financiamiento privado, el tope a los gastos, el limite a la duración de las campañas y por ello vale citar de nuevo el mensaje de los Obispos: “perturba el ambiente de paz en nuestra nación, la falta de una ley de partidos que garantice la transparencia, el control y uso de los recursos estatales, la participación de la mujer y la representatividad de sectores excluidos en las contiendas electorales…”
El Presidente, con su importante influencia congresual, también el expresidente Fernández, el PRM, el PRSC y los partidos representados en el Congreso tienen ante sí la oportunidad y la responsabilidad de darle al país una ley de partidos que sea el cimiento del fortalecimiento institucional, porque sin partidos democráticos y transparentes no habrá un mejor estado y sin ello es imposible el desarrollo económico, porque este requiere de instituciones que funcionen.