La CE lleva a Francia ante justicia europea por las ayudas ilegales a Ryanair

La CE señaló hoy que aunque se ha recogido parte de las subvenciones indebidas, París “ha fracasado a la hora de recuperar todas las ayudas en el plazo estipulado".  EFE/ARCHIVO
La CE señaló hoy que aunque se ha recogido parte de las subvenciones indebidas, París “ha fracasado a la hora de recuperar todas las ayudas en el plazo estipulado". EFE/ARCHIVO

Bruselas. La Comisión Europea (CE) llevó hoy a Francia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber recuperado las ayudas de estado ilegales que otorgó a la compañía aérea Ryanair y a su empresa subsidiaria en tierra por utilizar los aeropuertos regionales de Pau, Nimes y Angouleme.

El ejecutivo comunitario informó también de que había requerido a Francia que igualmente recuperase las subvenciones de Transavia en el caso de Pau, según un comunicado.

La Comisión ordenó a Francia el 23 de julio de 2014 que recuperase las ayudas incompatibles con el derecho comunitario de la competencia por valor de 10 millones de euros otorgadas a Ryanair y a su filial en tierra Airport Marketing Services (AMS), así como a Transavia, por el uso de esos tres aeropuertos regionales galos.

Concretamente, Francia debe recuperar 870.000 euros del aeropuerto de Angouleme, 2,8 millones de Pau y 6,3 millones de Nimes.

Bruselas consideró que las ayudas “daban un beneficio económico improcedente y una ventaja económica” a las compañías, y pidió que fueran devueltas para “evitar una distorsión de la competencia”.

La CE señaló hoy que aunque se ha recogido parte de las subvenciones indebidas, París “ha fracasado a la hora de recuperar todas las ayudas en el plazo estipulado”.

Francia explicó a la CE que no ha sido posible recuperar todas las ayudas porque el proceso está suspendido después de que las compañías presentaran un recurso a la demanda de devolución hecha por las autoridades francesas.

Esta circunstancia también va en contra de la normativa europea, señaló la CE, que destacó que la justicia de los Estados miembros no puede suspender las decisiones de la Comisión Europea.

De la decisión de la corte europea con sede en Luxemburgo podría derivarse una multa económica a Francia bajo el artículo 260 del tratado.