Bruselas. La Comisión Europea (CE) consideró hoy que las ventajas fiscales selectivas concedidas por Bélgica a empresas a través de su sistema de exoneración de beneficios excesivos son ilegales, y le ordenó recuperar unos 700 millones de euros de impuestos impagados por al menos 35 multinacionales.

Ese régimen, que Bélgica aplica desde 2005, permitió a ciertas multinacionales pagar “sustancialmente menos impuestos” en el país a través de acuerdos fiscales, indicó la CE en un comunicado.

Según el Ejecutivo comunitario, este esquema redujo la base imponible de las empresas de un 50 % a un 90 % para deducir los beneficios “excedentarios” resultantes de formar parte de un grupo multinacional, lo que dejaba en clara desventaja a las compañías autónomas presentes únicamente en Bélgica.

La investigación en profundidad realizada por la Comisión, abierta en febrero de 2015, mostró que el régimen transgredía la práctica ordinaria prevista en las normas de impuesto de sociedades y el principio de plena competencia, “lo que es ilegal bajo las normas de ayudas de Estado de la UE”, indicó.   “Bélgica ha dado a un número selectivo de empresas sustanciales ventajas fiscales que incumplen las normas de ayudas estatales de la UE”, indicó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien aseguró que ese comportamiento “distorsiona la competencia basada en los méritos al situar a pequeños competidores que no son multinacionales en desigualdad de condiciones».

Vestager consideró que “hay muchas maneras de subsidiar la inversión”, pero dejó claro que si un país “da a ciertas multinacionales beneficios fiscales ilegales que le permiten evitar pagar impuestos”, entonces “daña gravemente la libre competencia en la UE”, a costa en última instancia “de los ciudadanos europeos».   “Los países no pueden aplicar esquemas fiscales que sólo benefician a ciertas empresas, en este caso multinacionales”, aseguró Vestager en una rueda de prensa en la que presentó la decisión.

En opinión de la comisaria, este esquema no puede escudarse en un intento de “evitar la doble imposición”, ya que “ni siquiera pide a las empresas demostrar pruebas o que haya un riesgo” de incurrir en ella.   Vestager rechazó señalar qué compañías tendrán que devolver el dinero pero aclaró que la mayor parte de ellas están basadas en la UE, y que son las empresas europeas las que tienen que pagar la mayor parte de esta cantidad, “unos 500 millones de euros».