Hace algo menos de un lustro República Dominicana libró una de sus batallas medioambientales más efectivas ante el intento de instalar una cementera en el parque nacional Los Haitises. Fueron echadas a un lado las diferencias políticas, religiosas, etc., y primó el interés nacional de conservar virgen lo que probablemente sea la fábrica de aguas dulce más importante del Caribe. Esta lucha logró impedir que la referida cementera fuera instalada en esa zona medioambientalme protegida

La historia se repite aunque con actores diferentes. Se trata de la empresa Cementos Santo Domingo, ubicada en las proximidades de la bahía de Ocoa y que según informaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, utilizadas a su vez por el Ministerio de Energía y Minas, cerca del 93 por ciento del terreno que solicita dicha cementera para extraer piedra caliza, pertenece al parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y a la reserva forestal de Hatillo.

Este tema ha causado un gran revuelo en la sociedad dominicana desde el primer momento que la distinguida familia Abinader dio a conocer su versión como propietaria de esta cementera respecto al pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas desaprobando la solicitada licencia de explotación.
Partiendo de lo dicho por los ministerios competentes, hay un principio que como todos, debe ser innegociable y es la no destrucción de nuestros parques nacionales. Así las cosas, la cementera en cuestión, luego de agotar el legítimo proceso legal de su defensa, podrá optar por los siguientes caminos para conservar su inversión y a la vez los empleos vinculadas a ella: exigir al Estado el justo pago por las tierras de la empresa en esas áreas protegidas o en su defecto solicitar una permuta que le permita extraer materiales en tierras del Estado que se encuentren disponibles.

Una tercera propuesta pudiera ser solicitar al Congreso una modificación a los límites del parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.