Hoy 
POR SERGIO SARITA VALDEZ
Cuentan que hubo una vez una joven muy bella que no tenía padres, sino madrastra, una viuda impertinente con dos hijas a cual más fea. Era ella quien hacía los trabajos más duros de la casa y como sus vestidos estaban siempre tan manchados de ceniza, todos la llamaban Cenicienta. Un día el Rey de aquel país anunció que iba a dar una gran fiesta a la que invitaba a todas las jóvenes casaderas del reino. «Tú Cenicienta, no irás, dijo la madrastra. Te quedarás en casa fregando el suelo y preparando la cena para cuando volvamos».
El ejercicio de la medicina forense puede ser tan bello como la protagonista del cuento infantil, o tan feo como lo que ha sido a través de los últimos cuatro años. Nunca en nuestra historia republicana se había observado un abandono tan degradante de la práctica profesional de la medicina legal y de la patología forense como se vio en el gobierno de Hipólito Mejía. La sede principal del Instituto Nacional de Patología Forense fue convertido en un cementerio sin tumbas en el que los cadáveres se descomponen soltando larvas y olores ofensivos por todo el derredor afectando y poniendo en peligro la salud de decenas de familias residentes en las cercanías del maloliente lugar. De nada valieron las quejas y denuncias públicas de los vecinos debido a la pestilencia, solamente hubo sordera y ceguera como respuesta a sus justos reclamos.
La lucha por lograr la implementación de un sistema medicolegal moderno, confiable y eficaz ha encontrado enormes escollos desde sus inicios. Todo comenzó allá por el año 1985 con la Comisión Forense perteneciente a la otrora Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano. De modo paradójico, el entonces presidente, Dr. Salvador Jorge Blanco, promotor de la ley 136 sobre autopsias, se mostraba indolente ante el reclamo del gremio de los médicos que exigía la edificación de un Instituto de Patología Forense en donde pudieran realizarse las necropsias legales que hasta ese entonces se hacían en los camposantos. De su parte, el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer se negaba a promulgar un decreto que garantizara la pulcritud y credibilidad de los experticios forenses. Solamente amañando y castrando las simientes del proyecto pudo inaugurarse el instituto.
El decreto presidencial numerado 58-89 que creó el Instituto de Patología Forense, indicaba que el mismo estaría adscrito a la Procuraduría General de la República y que el ministro de salud pública en común acuerdo con el magistrado procurador general elaboraría los proyectos de reglamento para su funcionamiento. Luego vino la debacle y todo se prostituyó. Grandes fueron los escándalos que se suscitaron ante la lluvia de informes de autopsias de dudosa y sospechosa interpretación. La manipulación y el acomodamiento a las coyunturas políticas del momento estuvieron a la orden del día. El descrédito se adueño de los reportes que emanaban de allí.
Una vez concluida la autocracia gubernativa en agosto de 1996 se pudo iniciar un ciclo de adecentamiento de la práctica médico-forense dominicana. Justo es reconocer que fue durante la pasada administración peledeísta encabezada por el actual presidente Dr. Leonel Fernández Reyna cuando se transparentaron los procedimientos medicolegales, se establecieron reglas claras, y se creó la residencia de Medicina forense con el fin de capacitar los recursos humanos que luego permitieran instaurar los centros regionales de patología forense. Durante ese cuatrienio quintuplicamos el volumen de autopsias, sin cobrar un solo centavo a familiares. Mensualmente se entregaba a la prensa un informe detallado de los trabajos llevados a cabo. Se implementó la realización de los experticios los siete días de la semana, trabajos que hasta entonces solo se hacían de lunes a viernes. Los informes se completaban en menos de tres semanas. Se creó el Centro de Atención al Niño y la Mujer Maltratados. Se adquirió una ambulancia, una camioneta, dos motocicletas, una planta generadora de 50 kilos y se instaló un centro de cómputo. Se creó la Comisión Médico-forense, responsable de elaborar las políticas de la institución y de supervisar su implementación.
Los mismos testaferros de la rémora trujillista que se encargaron de malograr entre 1989 y 1996 el proyecto forense original, fueron los que, cambiando de chaqueta al estilo camaleón, pasaron a darle su apoyo a Hipólito Mejía en el 2000, logrando así volver a dirigir el Instituto de Patología Forense para luego llevarlo al calamitoso estado en que ahora se encuentra. Todas las reglas fueron violadas sin que nadie se atreviera a ponerle el cascabel al gato.
Que el Señor ilumine las mentes de los actuales incumbentes de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Salud, para que aún cuando ambos son cibaeños santiagueros de pura cepa, amplíen su mirada y se comprometan a desarrollar centros regionales medico-forenses en el sur y este del país.
Si consiguen articular un servicio nacional integrado como lo ha anunciado públicamente el magistrado procurador general de la república el país sediento de una herramienta judicial aséptica no oxidada se lo agradecerá. De ser así, y no tenemos razón alguna para dudarlo, podremos concluir el relato del cuento en donde, la cenicienta, luego de asistir a la fiesta del rey con los atuendos que su hada madrina le había facilitado, perdió un zapato durante su precipitado regreso a casa.
Transcribimos: «Para encontrar a la bella joven, el Rey ideó un plan. Se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. Envió a sus heraldos a recorrer todo el Reino. Las doncellas se lo probaban en vano, pues no había ni una a quien le fuera bien. Al fin llegaron a casa de Cenicienta, y claro está que sus hermanastras no pudieron calzar el zapato, pero cuando se lo puso Cenicienta vieron con estupor que le estaba perfecto. Y así sucedió que el Príncipe se casó con la joven y vivieron muy felices».
