HÉCTOR MINAYA
El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido poco frecuente de parte del Estado, respaldo que es un elemento clave para que el país pueda aumentar sus flujos de inversión, y que ahora con el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo para promover a ese sector podría corregirse esa distorsión.

De acuerdo a recientes estadísticas hay alrededor de 400 mil mipymes, que aportan a la economía más de un millón de empleos al nivel nacional, y contribuyen con el 27 por ciento del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, este sector sufre las dificultades relacionadas con el alto costo de producción, cuya productividad ha sido crónicamente baja, muchas veces por los elevados costos de las materias primas, falta de financiamiento, más que en cualquier otra nación, lo que impide la ampliación de su base empresarial.

Cuando se apruebe esta ley, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, verán las oportunidades para impulsar sus negocios.

El país lleva mucho tiempo en desventaja respectos a otros en cuanto a medidas encaminadas a estimular la inversión y con la ley de fomento a las mipymes que sometió al Congreso el Ejecutivo, se podría elevar el ingreso per cápita y conseguir un crecimiento de la productividad de las existentes, así como las que pudieran instalarse.

Es necesario que el Congreso vea como una prioridad a este proyecto, porque hay que aprovechar que algunos inversionistas vendrían a tomar ventaja de un mercado en expansión, que será cuando entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Y algo importante, que no está contemplado en el referido proyecto, es que la implantación, desarrollo y control de esa política de promoción de las mipymes, debe de tenerse en cuenta a la Corporación de Fomento Industrial (CFI), que tiene histórica experiencia en el manejo de este tipo de programa.

Hay que recordar, que el desarrollo industrial en el país fue bajo la sombrilla de la CFI y ahí están los parques industriales de Herrera y Haina, así como los 20 parques de zonas francas que administra, entre éstos el de San Pedro de Macorís, el segundo más grande de ese modelo.

Fomento, bajo la dirección del licenciado Rubén Jiménez Bichara, tiene la estructura para el desarrollo de esta política y precisamente, además de su formidable plataforma, construye el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), para albergar a las unidades productivas de las pequeñas empresas del mueble y metalmecánica, entre otros sectores.

La falta de financiamiento a las mipymes es una limitante, debido a que la carencia de recursos es una de las causas que impiden el crecimiento de estas unidades productivas y si tomamos en cuenta que cada año se crean más de 50 mil, que lógicamente presionan por más préstamos.

No obstante, es justo reconocer que se han hecho esfuerzos en los últimos años desde el Estado y el sector privado para socorrer con algunos programas de financiamientos a las mipymes, pero esto ha sido muy limitado.

Es urgente que se convierta en ley el proyecto de promoción de las mipymes y que se tome en cuenta para su aplicación a la CFI, que por su función de promover el desarrollo industrial y banco de segundo piso, es el instrumento más apropiado para la implementación de esta política.