AP. Técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzaron a recibir el lunes en Santo Domingo denuncias y testimonios de personas a quienes el Estado dominicano les niega sus documentos de identidad por su ascendencia haitiana y que podrían quedar desnacionalizados debido a un fallo del Tribunal Constitucional.

“Que Dios nos ayude a nosotros, es lo único que pido”, dijo a The Associated Press Felipe Giló, de 20 años, luego de presentar ante un miembro de la comisión el testimonio de cómo no pudo continuar sus estudios y no ha conseguido un trabajo formal debido a que el Estado retuvo desde 2011 la copia de su acta de nacimiento por ser descendiente de haitianos.

Giló, originario de un pueblo cañero cerca de Sabana Grande de Boyá, 85 kilómetros al norte de la capital, explicó que su madre es haitiana y su padre, hijo de inmigrantes haitianos, “es nacido y criado en República Dominicana; tiene su cédula” de identidad como dominicano.

Pese a haber nacido en el país y ser hijo de un ciudadano dominicano, el registro civil mantiene retenida el acta de nacimiento de Giló por su ascendencia haitiana y rechazó emitirle la cédula de identidad, que es indispensable para que los adultos puedan realizar cualquier trámite civil, como casarse, registrar a sus hijos, ingresar a la universidad, abrir una cuenta bancaria y obtener un trabajo formal.

“Quisiera seguir estudiando, yo quería ser ingeniero”, insiste Giló quien asegura, con la mirada perdida en el mar, que no concluyó el bachillerato porque la escuela le pedía la copia certificada de su acta de nacimiento para inscribirlo en el último grado.    El registro civil comenzó en 2007 de manera oficial a retener los documentos de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana con el argumento de que habían sido registrados de forma fraudulenta por sus padres para obtener la nacionalidad dominicana.

El Tribunal Constitucional consideró el 23 de septiembre pasado, al fallar el caso particular de Juliana Deguis, una descendiente de haitianos, que los hijos de los inmigrantes que carecen de residencia legal no pueden obtener la nacionalidad dominicana sólo por nacer en el país y con ello validó las acciones que realizaba desde el 2007 el registro civil.

En su sentencia inapelable, el tribunal constitucional también ordenó al registro civil hacer un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anular mediante juicios individuales la nacionalidad de aquellos cuyos padres no eran residentes legales, como los miles de inmigrantes del vecino Haití que desde principios del siglo XX fueron llevados a trabajar en los ingenios cañeros, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron a sus familias.

El presidente Danilo Medina puso en marcha el fin de semana, como parte del mandato del tribunal constitucional, un plan de regularización de extranjeros en el que adelanta que se creará “un proceso especial para la naturalización” de quienes perderán la nacionalidad, pero no explica cuáles serán los requisitos y procedimientos.

Como Gilo, varios cientos de personas a quienes el estado les ha negado sus documentos y que están en proceso de perder la nacionalidad acudieron el lunes a alguna de las cuatro mesas de recepción de denuncias que instaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo pongo fe en que esto se va a solucionar; lo primero es la fe”, comentó a The Associated Press, Juliana Deguis, quien acudió a una de las mesas de recepción de testimonios, aunque su caso ya está desde hace dos años bajo análisis de la Comisión Interamericana. En esta ocasión, Deguis, de 29 años, llegó en compañía de su esposo, Samuel Antonio, y de sus cuatro hijos, ya que debido a la ascendencia haitiana de ella y su marido, el registro civil rechaza reconocer como dominicanos a los cuatro niños.

La Comisión Interamericana estableció desde el lunes su sede temporal durante cinco días en Santo Domingo para recibir denuncias y escuchar testimonios sobre violaciones al derecho a la nacionalidad, la identidad, la igualdad y la no discriminación.

Ante la gran cantidad de personas que llegaron al local en el primer día, mucho de ellos provenientes de pueblos remotos, la vocera de la Comisión, María Isabel Rivero, adelantó que el organismo podría solicitar más abogados para recibir denuncias.

La visita del organismo multilateral, por invitación del gobierno dominicano, ocurre luego de que diversos grupos de derechos humanos denunciaron, con base en una encuesta auspiciada por Naciones Unidas, que el fallo del tribunal constitucional dejará apátridas a unas 250.000 personas, en su mayoría descendientes de inmigrantes haitianos.

José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión, y otros cinco delegados se entrevistaron el lunes con representantes de la Presidencia, de la Cancillería, de la dirección de Migración y del registro civil y tenían previsto reunirse con representantes de grupos de derechos humanos.

De forma previa a la llega de la Comisión, la autodenominada Red por la Defensa de la Soberanía Nacional realizó el domingo en Santiago, la segunda ciudad más grande del país, una multitudinaria manifestación en rechazo a la presencia del organismo multilateral. “Nosotros mandamos aquí” y “Este pueblo te combate, enemigo CIDH”, se leía en algunas de las pancartas.