Washington. EFE.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a Bahamas que mejore la situación de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Carmichael Road, la mayoría de ellos haitianos, que presuntamente viven hacinados, sin acceso a la salud y en condiciones inhumanas.  

En una resolución del 13 de febrero, a la que tuvo acceso Efe, la CIDH dictó medidas cautelares contra el Estado de Bahamas para que, en un plazo de 15 días, haga todo lo necesario para proteger los derechos a la vida y la integridad física de las más de cien personas que viven en este centro de detención.

“La situación es terrible y se parece mucho a las cárceles de América Latina. Con la salvedad de que esto no es una cárcel, es un centro de detención en el que durante 9 ó 10 meses son retenidos inmigrantes que no han cometido ningún delito”, resumió hoy, en declaraciones a Efe, Santiago Cantón, del Centro de Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy.

Esta organización, el Instituto Caribeño de Recursos Humanos y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Puerto Rico pidieron en diciembre de 2014 estas medidas cautelares, que ahora ha dictado la comisión.

La información proporcionada por las organizaciones “demuestra que las personas detenidas se encuentran en una situación seria y urgente, que pone sus vidas y su integridad física en peligro”, según la resolución del organismo internacional.

Según Cantón, que fue secretario ejecutivo de la CIDH entre 2001 y 2012, la situación migratoria en Bahamas cambió el 1 de noviembre de 2014, cuando el Ejecutivo bahamés estableció nuevas políticas migratorias, que afectan a los permisos de trabajo y las autorizaciones para residir en el país.

“Antes del 1 de noviembre, cualquier persona, fuera cual fuera el estatus migratorio de sus padres, podía obtener un certificado de identidad e ir a la escuela y gozar de servicios públicos. Los inmigrantes no eran nacionales pero tenían casi los mismos derechos que el resto”, explicó.

Sin embargo, según los denunciantes, tras el 1 de noviembre, todas las personas no consideradas ciudadanos o residentes (sin importar si habían obtenido el certificado de residencia) debían de presentar el pasaporte de sus padres y un certificado para poder permanecer en Bahamas.

Además, para seguir en el país, los inmigrantes debían de solicitar un nuevo documento llamado “permiso de pertenencia».

“No está claro qué es este certificado o cuáles son los requisitos para obtenerlo. La falta de información y transparencia colocan a estas personas en una grave situación de vulnerabilidad”, criticó Canton.

Lo más grave, para el experto, es que tras esta legislación “el Gobierno ha emprendido una campaña, en la que va a los vecindarios donde hay mayoría de haitianos, los buscan, los detienen y los expulsan».

Según las organizaciones sociales, los inmigrantes son detenidos no por su estatus migratorio, sino por su lugar de residencia.

Es decir, las autoridades apresan presuntamente a los inmigrantes que viven en barrios haitianos, tienen apellidos que “suenan a haitiano” o reúnen características físicas similares a los nacidos en Haití.

Una vez que ingresan en el centro de detención, según los denunciantes, los inmigrantes viven hacinados, sin atención médica, sin las condiciones de higiene adecuadas y sin acceso a asistencia legal que les permita resolver su situación.

En respuesta, la CIDH ha dictado una serie de medidas cautelares contra Bahamas, que salen a la luz una semana antes de que se celebre en ese país la cumbre anual de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Cantón espera que la resolución de la CIDH impulse a la organización a tratar la discriminación que la población haitiana vive en algunos países de la región, entre los que citó a la República Dominicana.

Este país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000, un veredicto que el Tribunal Constitucional (TC) dominicano se ha negado a acatar.