La CIDH llama R D atender haitianas embarazadas

La CIDH llama R D atender haitianas embarazadas

STO01. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 01/12/2021.- La mujer Natali Volibal carga a su hija Cristel, el 20 de noviembre de 2021, en Santo Domingo (República Dominicana). Diez días antes, Natali fue detenida en la maternidad de la Altagracia y subida a un bus de Migración. "En el camino, atrapaban a otras mujeres embarazadas", describe al recordar el pavoroso traslado al centro de acogida donde, al ver que sangraba, decidieron llevarla al Hospital de Barsequillo, donde dio a luz por cesárea. Madres separadas de sus hijos, deportaciones de mujeres en proceso de parto, menores dejados a su suerte en un país que les resulta extraño. Son las consecuencias más dramáticas de las medidas que ha comenzado a aplicar el Gobierno dominicano para controlar la migración irregular procedente de Haití. EFE/ Orlando Barría

El Gobierno lo justifica debido a los crecientes gastos sanitarios que el país invierte en dar atención médica a la población inmigrante

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por denuncias de las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas desde RD.

En un comunicado fechado en Washington, la CIDH afirma que las expulsiones de mujeres embarazadas las expone “a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de la salud reproductiva».

Desde comienzos de noviembre, las autoridades migratorias dominicanas han capturado a inmigrantes haitianas embarazadas en las inmediaciones de hospitales y centros médicos públicos, cuando acudían a consultas médicas, y las han deportado de forma inmediata a Haití.

Las deportaciones se enmarcan en un endurecimiento de las políticas migratorias, anunciado por el Gobierno dominicano como respuesta a la grave inestabilidad política que atraviesa Haití.

El Gobierno dominicano también lo justifica debido a los crecientes gastos sanitarios que el país invierte en dar atención médica a la población inmigrante, que en su gran mayoría procede del país vecino.

Ante las deportaciones de embarazadas, la CIDH urgió a las autoridades dominicanas a asegurar el acceso universal a los servicios de salud independientemente de la situación migratoria de las personas.

Por tanto, los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad, por lo que “está prohibido” notificar la situación migratoria de las pacientes, así como conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías, subraya la CIDH.

La Comisión también instó a República Dominicana a respetar el principio de no devolución de migrantes a países donde su vida esté en riesgo. Este punto está contenido en los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, una resolución aprobada por la CIDH en 2019.

Las deportaciones de mujeres haitianas en estado de gestación también ha sido criticada por Naciones Unidas, que pidió a República Dominicana detener estas prácticas en un comunicado el pasado 16 de noviembre.

Las autoridades dominicanas cifran en 31.764 las deportaciones de haitianos efectuadas en lo que va de año, según datos aportados a Efe por la Dirección General de Migración (DGM) a fecha 25 de noviembre, que reflejan un incremento de los retornos desde septiembre, con 4.390. En octubre se registraron 6.137 deportaciones y 3.192 en las primeras semanas de noviembre.

El director de Migración, Enrique García, afirmó que se expulsaron a Haití a “cientos” de mujeres embarazadas en la primera semana.

Familia dividida por la medida

A Geralda, la matriarca embarazada de nueve meses, la interceptaron el 10 de noviembre en la maternidad de La Altagracia, adonde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañada por su hija Wislanda, de 11 años.

Ambas fueron deportadas. Ni siquiera tuvieron oportunidad de recoger sus cosas. Se marcharon con lo puesto. Ahora, su ausencia pesa sobre otros 4 hijos y 2 sobrinos, de entre 5 y 23 años, que comparten el mísero hogar.

Están sobrevivendo con lo que saca la mayor de las hijas, de 16 años con la venta ambulante, una actividad con la que se expone a ser deportada.

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