AMPARO CHANTADA
El proceso de urbanización o la formación de los asentamientos humanos en el territorio no es solo un fenómeno que simplemente se expresa en el hecho empírico de cambios o movimientos de la población, de una diferente distribución en el territorio, en la mayor o menor concentración de la población nacional en pequeñas, medianas o grandes ciudades, en la dispersión en el medio rural.

Este proceso es la expresión fundamentalmente de transformaciones en la producción agrícola e industrial, en las relaciones de intercambio, distribución y consumo en la organización y estructura social, en el Estado y sus instituciones, en la política, la cultura y la ideología, en los conflictos sociales, en el conjunto de infraestructuras construidos y necesarias para el desarrollo de estos procesos sociales. ¿Cómo se llama esa repulsión que provocan los refugiados en las escuelas que se acusan de ladrones, de perturbadores del orden social?

En ese sentido, la «urbanización ilegal» «temeraria» en zonas inundables es la expresión de un pacto tácito o implícito entre el Estado, el Ayuntamiento y los dueños o no legales de la tierra urbana. ¿Por qué el Estado dominicano construye escuelas en terrenos no saneados legalmente como en Villa Guerrero en El Seibo o en Valiente?

Ese pacto tácito es el reconocimiento público de la incapacidad o de la falta de voluntad política por parte del Estado de crear urbanizaciones o asentamientos humanos en lugares seguros, o de construir viviendas económicas para los sectores populares y el permiso que se otorga a algunas personas de transformarse en explotadores de la pobreza, alquilando casuchas construidas con material de recuperación, a personas cada vez más pobres y más expuestas a los riesgos ambientales.

El «malo del barrio» ayuda a los gobiernos sin voluntad, es una cadena. Es también el permiso que se les otorga a los pobres de «autocronstruir» donde puedan, como puedan. Es la aceptación de una división de las formas de urbanizar y por ende, de una forma de gestión de la renta del suelo. Esos patios sobre-densificados, casas sobre pobladas, cuarterías en terrenos cenagosos, casas de cartón  suicidas – dicen algunos – se permiten tácitamente con una cláusula implícita: la de no constituirse en obstáculo para la creación de nuevos suelos constructibles cuando el mercado inmobiliario y el capital financiero lo hayan decidido. La Ciénaga, Los Guandules no son más que los «Arroyos Manzanos» de los pobres, por la no voluntad del capital inmobiliario en su momento, de invertir en el saneamiento ambiental de la zona y haberla dejado para «los pobres». ¿El culpable? El Estado dominicano, sin excepción, que nunca tuvo proyecto inmobiliario para los más pobres, hoy, cuando se desnuda la ciudad de Santo Domingo, muchos tienen vergüenza, otros piden el desalojo, y otros ven su incapacidad en ese espejo, plantean, ahora, que los asentamientos humanos del país están en zonas de riesgo. ¿Qué se puede hacer, si desde 1916 los campesinos se ven forzados a ubicarse en las montañas, en las vertientes peligrosas, que la reforma agraria no los contempló, que las áreas protegidas y los parques nacionales los han excluido aun más, que las agro-alimentarias se han ubicado en todas las tierras llanas de los antiguos ingenios azucareros del Estado? Qué hacer ¡si hay que sobrevivir primero! Las tierras marginales de las ciudades, son las mismas que las tierras rurales sin infraestructuras sólidas (puentes, diques, presas, caminos y carreteras) sus poblaciones están obligadas en asumir riesgos permanentes en las «márgenes». Es ese el ordenamiento territorial del modelo económico actual. Es imposible ordenar territorialmente ese desorden social y económico. Por eso, se debe decir «no» a los desalojos y sí al derecho a la ciudad y obligar al Estado Dominicano a que invierta a donde viven los pobres y darles seguridad.