Ciudad Trujillo tenía, en 1955: 256,715 habitantes o sea 59,546 familias y se aprestaba
a celebrar la Feria de la Paz. Es en ese momento que pasó de 25.29 km2 a 62 km2 en 1960. En diez años había incorporado 37 km2 de tierras, hacia el oeste, el norte y del otro lado del río Ozama. Se iniciaban dos políticas urbanas nuevas: 1) la urbanización formal de la ciudad y 2º y la ilegal, la urbanización en terrenos marginales al mercado inmobiliario, de auto construcción en vertientes, cañadas y cerca de los ríos.
La Ciénaga -Los Guandules nacieron, así en esos años, producto de olas de inmigrantes rurales que se integraron a la ciudad ocupados en el sector informal, lo que no les permitió su acceso al mercado formal de la vivienda: auto construyeron el barrio, en esos terrenos lejanos y sin valor, para la época. Cincuenta años después, las 107 tareas que ocupan, son siempre vulnerables, pero con más de 53,000 familias/casas que no tienen ni título de propiedad de la tierra ni de la vivienda. El pacto político, implícito, que existía, durante años y años, en torno a “la ilegalidad tolerada y permitida” (que caracteriza jurídicamente a esas barriadas), parece llegar a su fin.
Ese inmenso terreno, en el meandro del río Ozama, consolidado gracias al esfuerzo colectivo, es mucho más que un espacio de pobres vulnerables, es económicamente hablando, un terreno céntrico, frente al río, con valores de uso envidiados.
Es en ese contexto, que el gobierno inicia una nueva intervención urbana, secreta y sin participación comunitaria anunciando de antemano el desalojo de 1400 familias, apoyándose en un estudio realizado al vapor por ingenieros americanos, que parece servir más de aval a una intención, que a la ciencia. Delimitando tres zonas de inundaciones probables se define una banda de 80 m de ancho, bordeando el río Ozama, como inconstruibles para viviendas, proyectando 1400 desalojos, argumentando la vulnerabilidad, esta que se contempla en la Ley de Medio Ambiente (2000) y que ignoro los barrios marginales y su pobreza destacando solo esa condición. Hoy, es con ese argumento que se criminaliza a esas poblaciones para desalojarlas.
Por eso, la intervención del Gobierno, con sus intenciones no confesadas, es cuestionada ya que se sabe que el proyecto La Barquita (RD$4,000 millones para 1400 familias) no es repetible y que el presupuesto 2018 no contempla ninguna partida especial para poblaciones vulnerables, ni para sus viviendas. ¡Se susurra la construcción de una avenida en esos terrenos no construibles para viviendas!