El Estado Social y Democrático de Derecho en el país surge con la reforma constitucional de 2010, que en su artículo 7 proclama su vigencia como uno de los pilares para garantizar el conjunto de los derechos fundamentales.

Efectivamente, por primera vez las decisiones constitucionales incorporan la cláusula social como un fin de los medios que ofrece el Estado Democrático de Derecho. Suponeuna respuesta histórica asumida por el Estado moderno de las reivindicaciones del antiguo movimiento social, que procuraalcanzar una determinada situación calificable como justa fuera del sujeto estatal.Aunque la cláusula social del Estado incluye la ayuda estatal respecto del mínimo existencial, en contraposición al modelo del Estado benefactor, ese auxilio debe hacerse respetando la dignidad de la persona.

Para comprender el alcance de lo social en las iniciativas o alianzas público-privadas, la dimensión del adjetivo “social” previsto en la Carta Sustantiva, debe interpretarse como el rechazo del Estado neutral en las cuestiones sociales. Es responsabilidad estatal promover la creación de condiciones económicas que procuren el bien común ymás igualdad para superar las diferencias sociales.

La puesta en vigencia plena de derechos como la seguridad social frente a contingencias y riesgos vitales, sin renunciar a la ayuda directa del individuo en necesidad y pobreza, soncaracterísticas del Estado social. Su realización requiere de crecimiento económico para viabilizar la participación de todos en el bienestar, puesto que no puede considerarse como fin del Estado social la igualdad de todos en la escasez y la precarización de ingresos.

Los fines sociales deben realizarse mediante la interacción de la sociedad, la familia, el individuo, incluidas las empresas, teniendo como prioridad una política social que promueva la nivelación de las diferencias en el acceso a bienes y servicios respecto de la situación de quien los demanda.

El Gobierno debe realizar planes y proyectos orientados a fomentar el empleo para suplir las necesidades a través del trabajo personal; indudablemente no es el Estado el que puede emplear la mayor parte, como suele pensar un sector importante deelectores y algunos dirigentes. Los puestos de trabajo deben crearse y ofrecerse en el sector productivo privado.

En esta coyuntura, la realización de la idea del Estado socialparece alejarse, no solo por la crisis económica derivada de la pandemiasino por la orientación mayormente corporativa de la actual administración. No obstante, esa circunstancia aparentemente adversa puede convertirse en oportunidad, si la visión empresarial prevaleciente se le utiliza para impulsar aquellas alianzas público-privadas que por su naturaleza puedan contribuir con los fines del Estado social.

En cambio, las que tiendan a enajenar, disminuir o caricaturizar la participación del Estado en sectores estratégicos y de servicios esenciales deben ser aplazadas. Entiempos de apremio económicoy crisis global no esaconsejable embarcarse en la transformación de empresas estatales, pues su valor real puede verse afectado, amén de que por su impacto en lo social requieren de un amplio consenso, el cual se dificulta en estos momentos en forma transparente.

Así lo ilustra lo acontecido con el Pacto Eléctrico, discutido en el seno del Consejo Económico y Social. Precisamente los sectores sociales que integran el referido órgano consultivo desaprueban el citado pacto, lo que revela en el mismo está ausente la cláusula social que prevé la Constitución, predominando la visión netamente económica en desmedro de los intereses colectivos. 

En este contexto, las alianzas público-privadas factibles y necesarias para emprender la tarea de adaptar las estructuras estatales al cambio de las circunstancias sociales generadas por la actual crisis, son aquellas que impactan en los fines materiales de naturaleza social, verbigracia los anunciados planes de construcción de viviendas.

La Ley núm. 47-20, de Alianzas Público-Privadas, contempla otras iniciativas con amplio impacto social que pueden emprenderse, en estricta observancia de los principios de eficiencia, igualdad, razonabilidad, sostenibilidad socio-medioambiental y la distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado, previstos en la norma. El equilibrio económico en la negociación debe operar como una cláusula social para garantizar los fines del Estado en su obligación de disminuir las desigualdades.

Puede citarse una lista interminable de contratos de concesiones, proyectos “llave en mano”, capitalización, acuerdos, ventas y arrendamientos de bienes públicos al sector privado, notoriamente lesivos al interés general. Esas intervenciones han abarcado sectores estratégicos y de gran rentabilidad; sobresale el subsector energético, tan codiciado por grupos económicos. La mayoría de esas negociaciones se han convertido en la mancha indeleble de la administración de turno.

El joven gobierno debe cambiar el antiguo modelo de expoliación de los bienes estatales, que ha servido para concentrar la riqueza en unos pocos, poriniciativas que tiendan a recuperar empleos, generar ingresos fiscales y que estipulen la previsión de lo social como retribución colectiva. En alianza o mediante incentivos al sector privado invertir en áreas productivas, privilegiando las que contemplen valor agregado para crear puestosde trabajo más calificados y mejor remunerados.

Ahora bien, mientras superamos la contracción a consecuencia de la actual crisis, las empresas estatales y deservicios públicos esencialesdebenpreservarsepara la realización de los fines y cambios socialesque promueva el Estado, en combinación con una mejorredistribución de la riqueza.