La economía dominicana ha crecido de manera sostenida por más de medio siglo, sin embargo, los indicadores macro-económicos exhibidos no han sido suficientes para colocar la tasa de desempleo en nuestro país a niveles que se correspondan con el comportamiento del Producto Interno Bruto que de manera triunfalista desde el Banco Central se muestra.

Un simple ejemplo de lo antes expuesto es el hecho de que en el año 2013 más del 32 por ciento de los jóvenes dominicanos menores de 24 años estaba desempleado. Este dato se deteriora aún más cuando vemos que el 34 por ciento de nuestros jóvenes no trabajan ni estudia.

Esa realidad contrasta con lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 55, numeral 13 que reza: “Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo”.

Al igual que otros derechos constitucionales, el derecho al primer empleo para los jóvenes dominicanos se encuentra pendiente de aplicación, hecho que de acuerdo a lo planteado por los empresarios que participan en el diálogo interinstitucional que procura la modificación del código laboral, seguirá postergado para otros tiempos, pues el sector empresarial ha propuesto que el primer empleo para los jóvenes sea sobre la base de un contrato de dos años sin responsabilidad laboral alguna para el empleador al finalizar ese período.

Esa propuesta convertiría la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes en empleos chatarras que envilecerían la condición humana de esa clase trabajadora.

Si un indicador macro-económico no se refleja directamente en la población, éste debe ser evaluado nuevamente.