Bogotá. AFP. La coca ha sido una fuente de subsistencia para muchos indígenas colombianos ante el estado de abandono en el que se encuentran, pero también motivo de desgracias, que quieren que se reconozcan en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Líderes de varias etnias viajaron a Bogotá desde zonas remotas para exponer sus inquietudes en un foro en el que la sociedad civil hará recomendaciones a los negociadores de paz para enfrentar la produccion de drogas, combustible del conflicto colombiano de más de medio siglo.

Víctor Martínez llegó desde el poblado de Carurú, en el departamento amazónico de Vaupés (sureste), para contar su experiencia con la hoja de coca y mostrar la precariedad con que vive su gente.

En Carurú esos cultivos fueron erradicados hace casi una década por las autoridades, que antes debieron sortear el fuego de las FARC, declaró Martínez el martes en el inicio del evento.

«Nos afectó porque era nuestro medio de subsistencia», dijo el nativo de 58 años, indicando que en su pueblo se cultivan otros productos pero solo para consumo propio, pues no hay manera de comercializarlos.

«Erradicaron todo y dejaron a la gente viendo un chispero (desconcertada), pues no ofrecieron ninguna alternativa», comentó Casimiro Cabrero, amigo de Martínez y originario del departamento de Amazonas (sur). Cultivos que se desplazan.

Sin embargo, las siembras migraron al departamento vecino de Guaviare, adonde los colonos llevan ahora indígenas de Carurú para trabajar como «raspachines» (recolectores) de hoja de coca, según Martínez.

«Se nos llevan los muchachos para raspar, pero la guerrilla aprovecha para reclutarlos», sostuvo el dirigente, apuntando que la droga es sacada a través de la frontera con Brasil. Su sobrino Jonathan Moreno cuenta que de esa manera varios amigos suyos han terminado vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).»Se van porque no tienen más opción», afirmó el joven de 17 años, quien estudia Derecho gracias a una beca que le consiguió un político.

En su época de cocalero, Martínez cuidaba un sembradío por lo que podía recibir una paga de dos kilos de cocaína, que luego vendía.

«Debía tener bien bonitas las matas, pues entre más hubiera más ganaba», dijo el hombre, quien ahora trabaja como albañil en una obra pública en su caserío, aunque asegura que su ingreso solo le alcanza para pagar los servicios públicos.

Colombia es, junto con Perú, el primer productor mundial de cocaína, con 309 toneladas en 2012, según Naciones Unidas, que organiza el foro junto con la Universidad Nacional a pedido de los delegados del gobierno y las FARC que negocian en Cuba.

En Araracuara, en el departamento de Caquetá (sur), el problema es el opuesto, pues la guerrilla ha dejado de comprar la coca, aparentemente por la ofensiva militar, lo que ha obligado a los indígenas a desplazarse a otras zonas.

«Hace unos años éramos 1.600, muchos vivían de la coquita. Ahora somos 800 porque se han ido buscando alternativas», aseguró Henry Guerrero. Los aborígenes representan el 3% de la población colombiana (de 47 millones) y 8% de los desplazados por el conflicto (unos cinco millones en las últimas tres décadas), según Marco Romero, experto en temas de refugiados.

En Trapecio Amazónico, el pueblo de Casimiro Cabrero, también fueron erradicados los cultivos de coca, pero el delegado asiste al evento para defender el uso ritual y medicinal de la hoja. Para Romero, los planes de sustitución de cultivos han sido una «fracaso» porque la presencia del Estado se ha centrado en el despliegue militar y no en políticas de inclusión.

El especialista sostiene que los nativos enfrentan otras amenazas, como la minería a gran escala y la agroindustria, y recordó que, según la Corte Suprema de Justicia, 36 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer.

«Los cocaleros no ganan más que otros agricultores, no es cierto que reciban ganancias extraordinarias, por tanto existe una gran necesidad de proyectos alternativos, infraestructura y acceso a mercados», dijo a su vez Fabrizio Hochschild, coordinador residente para los derechos humanos de la ONU en Colombia.