FABIO R. HERRERA-MINIÑO
En todos los niveles sociales de la ciudadanía se ha desatado, desde hace algunos años, una tremenda codicia de gente que se engancha a la política para medrar a la sombra de atractivos presupuestos y disponer de los recursos del Estado a su mejor albedrío, sin que se traduzca en mejoría nacional, ni que la pobreza experimente una sensible disminución de sus niveles actuales.

En la década del 80, la tesis de los gobiernos perredeístas de la ocasión era que se necesitaba incorporar expertos del sector privado al tren gubernamental para mejorar la gestión administrativa pública, llevando a la modernidad del sector privado a una anquilosada y corrupta maquinaria pública, a donde solo iban a parar los políticos ineptos y corruptos que se aprovechaban de los recursos públicos para enriquecerse.

Hasta finales de la década del 90, no existía en el sector público, los atractivos para atraerse a mucha gente del sector privado, que estuvieran decididos a resistir las presiones críticas de los políticos profesionales que se veían desplazados y apartados de sus fuentes de enriquecimiento.

La incorporación de ejecutivos del sector privado a oficinas gubernamentales o autónomas se aceleró en la presente década del siglo XXI, cuando el sector público comenzó a experimentar una notable mejoría de los ingresos y, de repente, los montos de los presupuestos se elevaban a sumas increíbles de miles de millones de pesos, que despertaron el apetito y codicia de muchos servidores públicos, que en encumbradas y respetables posiciones gubernamentales, también querían participar del bienestar general de un Estado que antes era pobre, mal administrado, de pocos ingresos y pésimo recaudador. Ya casi todo el mundo se sintió atraído por la política para buscar desempeñar un cargo público que le retribuyera generosamente sus sacrificios.

De repente los honorables profesionales, en particular los del derecho, al verse en posiciones de importancia se aumentaban los sueldos, los beneficios colaterales, dietas, disfrute de vehículos de lujo, compensaciones hasta por asistir a sus despachos. Así mismo acudían como mansos corderitos al Congreso o al Poder Ejecutivo a demandar una mayor asignación presupuestaria ya que no podrían sostener su tren de gastos de lujo, si se les recortaban sus asignaciones ya que se pondría en peligro la democracia así como el disfrute de sus ingresos mensuales cercanos al millón de pesos. Cosa muy distinta cuando eran empleados de tercera categoría, ya fuera en el sector privado o en un oscuro e inocuo cargo de una secretaría de Estado o dirección general.

Cuando se habla de un presupuesto de 300 mil millones de pesos, por más compromisos que haya para el pago de la deuda externa, los subsidios para el déficit quasi fiscal, la capitalización del Banco Central, etc., es mucho el dinero disponible, que lo vemos de cómo ningún funcionario se desplaza en vehículos que no sean del año, frecuentan los restaurantes de lujo y disfrutan los exclusivos resorts del turismo, tanto nacional como internacional. Además está el uso de tarjetas de crédito sin límites, con cargo a la dependencia oficial en la cual prestan sus servicios bien retribuidos y sin rendirle cuenta a nadie, bajo la sombra protectora de un presidente interesado en agenciarse lealtades y apoyos a sus planes políticos de prolongación de su disfrute del poder.

Ya el engancharse a políticos al estilo dominicano es una de las actividades más lucrativas para quienes evitan incorporarse al negocio ilícito de las drogas, o no tienen las habilidades naturales para destacarse en los deportes o en la farándula. Desde una posición del Estado pueden convertirse en facilitadores de los más variados negocios, siendo los canales para agilizarlos, pese a que la etapa de la transparencia exigida por el DR-CAFTA reclama otra actitud más recta del servidor público.

Todos esos tropiezos, que afectan al país en su camino de la incorporación hemisférica, se concentran en la codicia de los políticos que no comprenden que un cargo público es para servir al bien común. No es para ser un medio de enriquecimiento ilegal, poniendo muy entredicho la transparencia del país en sus relaciones con el resto del hemisferio y más ahora que se acerca el libre comercio con la Unión Europea. Quizás la burocracia criolla recibirá un baño de adecentamiento de las actividades burocráticas, que poco a poco las empapará, e irá desapareciendo el excesivo laborantismo político a la caza de elevados ingresos, no importando los medios para alcanzarlo, ni a quiénes se perjudique.