Ya quisiera para sí cualquier fulano la holgura de movimientos de que disfrutan  los prófugos dominicanos. Y me refiero desde luego a los que por la naturaleza de sus problemas no están expuestos a que otros señores de conflictos con la ley denominados sicarios les anden a la caza.  En tal situación podría ser mejor estar entre rejas, como parece suceder en estos días con algunas y algunos personajes.

Para el resto de los individuos pendientes de apresamiento y juicio, la extrema delgadez de los brazos judiciales les son favorables, comenzando por el hecho que más sabemos: aquí no hay agentes suficientes para contener a los pillos del día a día. Ni siquiera para que el ciudadano ordinario, sin dinero para guachimanes propios, sienta que en alguna proximidad suya hay un patrullero diligente. Para extensas zonas poblacionales del país el cuidado del orden está en manos de reducidas gendarmerías. Y lo que es grave por añadidura: un sector  no poco numeroso de los propios uniformados es sorprendido con frecuencia haciendo causa común con los facinerosos de la vida civil. La tarea de delinquir tiene aquí, como primer incentivo, la notable pobreza de recursos en defensa de la vida e intereses de la colectividad. Y si la fuerza no alcanza para prevenir y contrarrestar en el acto a los anti sociales, menos lo sería para andarles  detrás a los tipos evadidos.

Por eso incluso ahora la ley dispone que sean los propios agraviados los que paguen anuncios en los periódicos para proclamar su empeño por capturar a los “agraviantes”.  Por ese camino quizás llegaremos a los tiempos del Oeste en que carteles con rostros de feroces pistoleros eran colocados  en las paredes públicas. ¿Habrá esta vez paredes suficientes?