Aunque las comisiones de notables son un anacronismo propio de tiempos  felizmente superados,  nuestros gobiernos las resucitan cada vez que las consideran útiles  a sus propósitos, que en la época de Joaquín Balaguer,  su gran propulsor, eran claros y cínicamente simples: que los comisionados    no llegaran a ninguna conclusión, y que el tiempo y el olvido se encargaran del resto. Por eso no debe  sorprenderse  el gobierno si  el escepticismo en sus distintas manifestaciones fue  la primera reacción    de la opinión  pública   a la decisión  de nombrar una comisión de personalidades para que investigue el proceso  de licitación y adjudicación  de la central de Punta Catalina, que coordinará el   mediador de nuestros  inacabables conflictos, monseñor Agripino Núñez Collado. Como tampoco debe hacerlo porque se  interprete  como un  calculado golpe de efecto que busca desmarcar al gobierno de un escándalo de corrupción que puede tener un enorme costo político,  o como un intento por neutralizar  la marcha contra la impunidad que se celebrará  el domingo  22 de febrero. Las declaraciones  del Ministro de la Presidencia, Gustavo  Montalvo, aclarando que el decreto que la creó no interfiere con las investigaciones que realiza el Ministerio Público tampoco van a  despejar las legítimas dudas   sobre su utilidad y pertinencia, ni  a convencer a nadie  de que sus miembros, algunos de los cuales han sido cuestionados por sus vínculos   directos o indirectos con Odebrecht, lo que los coloca ante un claro conflicto de intereses, son los indicados para  devolverle la credibilidad al proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, rodeado de cuestionamientos, críticas  y denuncias de sobrecostos  desde mucho antes de que estallara el escándalo  que hoy  tiene de vuelta y media al gobierno y sus estrategas.