La competencia imperfecta

JULIO BREA FRANCO
jebfa9@gmail.com
Si ningún sistema electoral es perfecto tampoco lo ha de ser elección alguna. La teoría democrática plantea la competencia política perfecta como una situación ideal, como herramienta heurística.

De todos modos, el modelo de la perfección procura efectos prácticos: es aspiración inspiradora y prescriptiva en los esfuerzos de reglamentación.  Las elecciones en la realidad, por el contrario,  se realizan en situaciones imperfectas.

 La realidad es siempre mucho más compleja y elusiva. No es el simplismo de las dicotomías maniqueas. Las elecciones son momentos del proceso político y, como tales, son únicas e irrepetibles. Habrá en ellas situaciones similares pero las condiciones específicas en que se realizan siempre serán distintas.

El ser únicas e irrepetibles no condena el análisis a la perspectiva histórica. El objetivo del estudio es el de encontrar elementos recurrentes. Esa es la razón de las ciencias sociales.

Las elecciones como eventos políticos han de ser mejor vistas y entendidas si imaginamos una línea contigua con dos polos extremos. Uno de ellos estaría definido por el caso de una elección sin escogencia ni competencia alguna. Son estas las  “elections without chorices”, sin opciones. En el polo opuesto  del “continuum” se aposentaría  la elección de competencia.

En la primera categoría de  elecciones agrupa las celebradas en contextos autoritarios y dictatoriales como las del tiempo de Trujillo. Ellas no cumplen con ninguna de las funciones que le reserva la teoría. Al contrario, se organizaban para disponer de un ropaje de legitimidad para consumo externo y tenían la utilidad de inducir a la movilización  actuando como mecanismo de control. Era la oportunidad para obligar a la sumisión y detectar desafectos potenciales. 

Entre lo peor y lo perfecto se ubican todas las elecciones posteriores. En algunas no se advierte competencia ni presencia de retadores (1970, 1974). Otras,  si bien se detectan grados de competición,  se llevaron a cabo   en una atmósfera de desigualdad de ventajas  y posibilidades a favor de la opción oficial del Ejecutivo nacional. En otras, además, se adicionaba  la  manipulación fraudulenta del resultado (1978, 1990, 1994) de acuerdo a la evidencia empírica disponible u obtenible. 

Hemos tenido un poco de todo. Desde elecciones que han sido únicamente periodos de ruido, sin competencia real y/o muy aburridas.  Insípidas y carentes de “sex-appeal” cuando brilla por su ausencia el factor de incertidumbre,  al punto que el resultado es más que previsible.

Así fueron las elecciones en la Tercera República,  excepto las de 1930. Las elecciones nuestras han evidenciado de manera sobrada la ventaja que dimana del ejercicio del poder alterando en mucho la competencia electoral. Es muy frecuente en elecciones en tiempos de reelección. Lo mismo puede ocurrir si el partido oficial aúpa un candidato propio que no vaya a la reelección. Sin embargo, ese no ha sido lo frecuente: Guzmán no apoyó a Jorge Blanco, Jorge Blanco no facilitó a Majluta, Balaguer conspiró contra Peynado y Fernández no fue consecuente con Danilo Medina.

 La denuncia del uso de los recursos públicos en beneficio de los presidentes en reelección ha estado siempre presente.  Todos los gobiernos han incurrido e incurren descaradamente en mecanismo de competencia desleal. Sin embargo, ninguna denuncia ni impugnación ante la JCE ha presentado evidencias comprobables de esa flagrante violación. Solo se denuncia pero no se ofrecen pruebas. Y ahí ha estado la gran falla.

En el vivir del ambiente eleccionario se advierte ese uso. La cantidad de vehículos de instituciones del Estado que participan en las movilizaciones  es algo común para el ciudadano de la calle. El gasto en publicidad política del candidato oficial queda en entredicho cuando no hay ningún registro de los ingresos y gastos en las campañas.

El uso de los recursos del Estado hay que sustanciarlo. Como hacen los educadores para evaluar el rendimiento en un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante indicadores observables.

Urge entonces elaborarlos para que la denuncia genérica de esta práctica deleznable se sustituya por impugnaciones y sometimientos a la justicia. ¿No aspiramos a la vigencia de un Estado de Derecho?

Es esa una manera concreta para caminar hacia elecciones más sanamente competitivas: probar y usar la prueba.