[b]De nuestra mayor consideración:[/b]

Adjunto a la presente, entregamos a Ud. el Informe del Panel sobre «Los efectos de la compra por parte del Gobierno de las empresas Edenorte y Edesur sobre las finanzas públicas, el sector eléctrico y la gobernabilidad de la República Dominicana».

En la medida que lo encontramos adecuado, hemos tomado en cuenta e incorporado al Informe los comentarios recibidos de las autoridades dominicanas, incluyendo los formulados por escrito por parte de la Comisión encargada de revisar la versión preliminar de nuestro Informe. Al mismo tiempo, queremos agradecer a Ud. y a su Gobierno por el amplio apoyo y la total apertura de información que hemos recibido para el cumplimiento de nuestra tarea.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

[b]Roberto Junguito[/b]

[b]Presidente[/b]

Alberto Bensión Vivianne Blanlot

[b]RESUMEN EJECUTIVO[/b]

A continuación se presentan los principales resultados y recomendaciones del Informe del Panel en tres áreas principales, a saber: Finanzas Públicas, Temas del Sector Eléctrico y Gobernabilidad.

[b]FINANZAS PUBLICAS[/b]

La compra por parte del Gobierno de las empresas distribuidoras de electricidad, Edenorte y Edesur, tiene un impacto adicional sobre el monto de la deuda pública bruta de la República Dominicana de US$ 488.45 millones de dólares.

Como resultado de la compra, la deuda pública bruta, tanto externa como doméstica, sobrepasa ahora el 50% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana.

Durante el periodo Octubre 2003 a Diciembre del 2004, el análisis del flujo de caja de las empresas de distribución muestra un resultado negativo en un rango entre USD$ 342 y 373 millones de dólares, incluyendo las transferencias del Fondo de Compensación a Edeste.

Un aumento inicial de la tarifa hasta 12 centavos/kwh antes de febrero de 2004, sumado a un incremento de 3% mensual real en dólares hasta alcanzar US$ 0.14/ Kwh permitiría reducir el déficit anterior en alrededor de USD$ 104 millones de dólares

[b]TEMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO[/b]

Sostenibilidad Financiera. La sostenibilidad financiera no será posible hasta tanto no se estudie, convenga e implemente con mano firme una política de tarifas eléctricas y de subsidios,

Política de Tarifas. Esta debe incluir al menos los siguientes elementos:

Un programa de incremento en la tarifa promedio en el muy corto plazo. El Panel considera que la tarifa promedio debe ascender a no menos de US$ 0.12 por kwh para Febrero 2004. La tarifa debe tener un crecimiento mensual del 3% mensual real en dólares a partir de entonces hasta llegar a US$ 0.14/Kwh.

[b]Política de Subsidios. El Panel propone:[/b]

[b]Una reducción en el subsidio al consumo básico a un máximo de 200 kwh por mes.[/b]

La eliminación del subsidio básico para clientes cuyo consumo total mensual supere los 200 kwh a ser aplicado por etapas, así; sobre los 500 kwh comenzando en Enero del 2004, sobre los 300 kwh desde Marzo del 2004 y por encima de 200 kwh a partir de Junio del 2004.

Desarrollar un programa bien publicitado de reducción de tarifas vinculado explícitamente con la reducción obtenida en las perdidas y el mejoramiento logrado en los cobros o recaudos.

Comunicaciones. El Panel propone desarrollar una estrategia de comunicaciones.

Esta debe ser desarrollada al poner en marcha la política de tarifas y de subsidios y debe mantenerse durante un periodo de seis meses. A juicio del Panel la población dominicana necesita cambiar su percepción sobre el servicio de electricidad, y la crítica situación del sector aparece como oportunidad óptima para modificar las políticas y las actitudes en la dirección correcta.

La crisis operacional. El Panel recomienda adelantar los siguientes pasos iniciales para hacer frente a la crisis operacional del sistema eléctrico que enfrenta actualmente la Republica Dominicana:

El logro de un acuerdo formal en torno al servicio de la deuda entre Edenorte y Edesur con las empresas de generación de electricidad

Dentro de dicho acuerdo, parte de la deuda vigente debe cancelarse de inmediato y se debe convenir un programa de pagos para cancelar el resto de la obligación.

Un mecanismo transitorio por un lapso no mas allá de seis meses debe convenirse entre el Gobierno y las empresas de generación para atender el pago mensual del costo variable de generación eléctrica.

Durante dicho periodo, el déficit en los flujos mensuales que registren las empresas de distribución que correspondan a los costos de generación debe ser cancelado directamente por el Gobierno a las empresas de generación con recursos que deben tener de antemano dicha destinación especifica.

Organización Sectorial. El Decreto Presidencial de Octubre 28 confirmo explícitamente la intención de modificar la Ley General de Electricidad. A la luz de dicho propósito, el Panel recomienda:

Concentrar esfuerzos iniciales en la identificación y corrección de las principales carencias en la legislación vigente, antes de poner en marcha una reforma estructural.

Estudiar medidas para perfeccionar el marco de regulación, con una apropiada asistencia técnica, asegurando una activa participación de todos los estamentos del sector y una discusión muy abierta y transparente sobre la problemática del sector

Tomar una aproximación muy cuidadosa en el proceso de reestructuración del marco institucional y de los sistemas de regulación pues ello habrá de requerir un gran esfuerzo de adaptación por parte de las instituciones del Estado con responsabilidades en el sector, y de las empresas eléctricas.

Privatización de empresas eléctricas. El Gobierno se ha comprometido públicamente a poner en venta y privatizar de nuevo las empresas Edenorte y Edesur. Para ello el Panel recomienda:

Que la venta se realice bajo muy estrictos lineamientos de competencia para así establecer el precio de mercado de ambas empresas.

Seguir rigurosos procedimientos de venta para asegurar la transparencia y competencia en el proceso de privatización.

Con anterioridad a la venta se debe adelantar una auditoria independiente que determine el valor de los activos netos de las dos empresas.

La política de tarifas requiere estar aprobada e instrumentada antes de proceder a la venta de las empresas.

Hasta que la venta de las distribuidoras sea instrumentada, una administración independiente respecto de CDEEE es recomendable, a través de un contrato de administración con un operador privado.

Con el objeto de mantener una gran transparencia, y divulgar hacia el público la realidad del sector, la publicación mensual de los indicadores mas relevantes de [b]las distribuidoras, y de los resultados financieros trimestrales. [/b]

[b]Manejo del Mercado. El Panel recomienda que:[/b]

Hasta tanto las empresas de distribución sean vendidas, la CDEE y Edeste deberán acordar el nombramiento como representante del sector de distribución en el Organismo de Coordinación a un experto independiente que pueda garantizar la representación de los intereses comunes de las empresas de distribución, y no los intereses exclusivos de los inversionistas privados o del Gobierno.

La selección del equipo de administración del Organismo de Coordinación debe ser transparente, objetiva y basada exclusivamente en la experiencia técnica y en su independencia de criterios. En tanto que dicha selección sea realizada, el equipo actual debe ser mantenido bajo un contrato de consultoría transitorio para evitar una discontinuidad en el manejo de la operación coordinada.

[b]GOBERNABILIDAD[/b]

El Panel identificó que el principal motivo que tuvo el Gobierno para efectuar la compra de las empresas fue el deterioro de su situación financiera, aunque también se tuvieron en consideración motivos políticos y sociales antes que razones de tipo ideológico.

Las opiniones de los altos funcionarios del Gobierno a favor de la futura privatización de las empresas eléctricas, así como el reciente Decreto Presidencial deben ser interpretados, según el Panel, como una acción concertada del Gobierno para expresar públicamente que la compra no fue adelantada por razones ideológicas y para destacar también la intención del Gobierno de tomar los primeros pasos para privatizar las empresas eléctricas en el futuro.

El Gobierno sostiene que tomó todas las decisiones requeridas por la ley en el proceso de la compra de las dos empresas. El argumento ofrecido por el Gobierno es que la transacción fue diseñada en forma tal que no involucra una garantía del gobierno sobre el préstamo de Unión Fenosa y, por lo tanto, no se requiere aprobación del Congreso. Agregan al respecto que tanto la deuda como las garantías otorgadas (cesión de créditos de clientes) son propiedad de las empresas adquiridas,

A pesar del hecho que la compra tenia un significativo y evidente impacto tanto en la estrategia del sector energético como en el comportamiento macroeconómico de la Nación, dado su incidencia sobre las finanzas publicas y el endeudamiento publico de la República Dominicana, temas estos que se venían discutiendo en los programas con los organismos multilaterales, el Panel encontró que la decisión de la compra no fue directa y oportunamente informada a estos organismos.

Dado que también se evidenció que la discusión de las implicaciones de la compra sobre la economía no tuvo una discusión amplia dentro del seno del equipo económico, el Panel recomienda al Gobierno fortalecer su estructura institucional de controles y contrapesos con el fin de garantizar que en el futuro se dé necesariamente una discusión mas amplia de la repercusión de las decisiones económicas dentro del gobierno, especialmente aquellas de gran envergadura con repercusiones macroeconómicas y sectoriales como fue el caso de la compra de Edenorte y Edesur.

El Panel encontró que el precio de compra de las empresas se convino teniendo en cuenta exclusivamente el valor en libros de los activos de las empresas, sin considerar el valor presente neto de los flujos de caja futuros de las empresas. No obstante hay que reconocer que en las condiciones de incertidumbre sobre la evolución de la economía y de los efectos de la política de regulación en el sector este método habría arrojado rangos amplios para la valoración de la empresa.

En reciente comunicación, el Gobierno argumenta que el valor de una compañía bajo cierto grado de dificultades financieras se debe calcular como el valor ponderado de la empresa como entidad comercial en marcha y su valor como entidad con dificultades financieras. El Panel considera que una aplicación estricta de dicha metodología habría sido un procedimiento satisfactorio..

El Panel recomienda al Gobierno ordenar de inmediato una auditoria por parte de una reconocida empresa internacional dirigida a identificar el valor de los activos y el patrimonio neto de las empresas Edenorte y Edesur. El resultado de dicha auditoria debe hacerse público.

El Panel considera que aunque una rápido acuerdo de los programas con los organismos multilaterales es esencial tanto para proveer los recursos del crédito como para consolidar la confianza sobre el manejo de la economía, las autoridades dominicanas como la opinión pública en general deben entender claramente que el apoyo de los organismos multilaterales depende de la adopción, por parte del Gobierno, de un programa económico creíble y las políticas necesarias en el sector eléctrico que aseguren que el sector queda con unas bases financieras sostenibles.

Con relación a la estructura institucional del sector eléctrico, el Panel quiere enfatizar la importancia de fortalecer la independencia entre las entidades de regulación y la CDE.

El Panel también quisiera recalcar a las autoridades los riesgos que enfrenta actualmente la República Dominicana en sus esfuerzos por poner al sector eléctrico en una situación financiera mas sólida. Desde el punto de vista microeconómico, quisiera destacar que el mayor riesgo que se enfrenta es que las políticas acordadas sobre las tarifas eléctricas no sean adecuadamente instrumentadas. También existe incertidumbre con relación a si los esfuerzos en facturación y cobro de las tarifas mantendrán los niveles necesarios y deseados en presencia del periodo preelectoral que se avecina. Un riesgo adicional es que no se proceda a racionalizar los subsidios eléctricos y que estos y, en especial, los del programa PRA se vean incrementados.

Desde el ámbito macroeconómico, los mayores riesgos están vinculados con la incertidumbre con relación al comportamiento de la tasa nominal de cambio pero también en torno a la situación fiscal. En términos de la situación fiscal el principal riesgo es que el Gobierno no este en capacidad de tomar las medidas de ajuste fiscal y de restricción en el gasto público en vista de la campaña política y si, como resultado de ello el Gobierno estará en capacidad de adelantar las asignaciones presupuestales que aparecen necesarias para satisfacer las necesidades del Fondo de Compensación Eléctrico.

La última pero principal recomendación del Panel es la de apoyar la iniciativa del Gobierno a convocar un Pacto Político hasta el final de la presente Administración que permita un acuerdo lo mas amplio posible en materia de tarifas eléctricas, subsidios, e impuestos y deseablemente también sobre gastos públicos. Este Pacto ha sido sugerido independientemente por parte del Gobierno. el sector privado a través de CONEP y por parte de los partidos de oposición.