Hoy 
POR VINICIO A. CASTILLO SEMÁN
El proceso criminal abierto en ocasión del caso Baninter ha traído como consecuencia el involucramiento de la llamada comunidad internacional en el tema y ha motorizado a intereses locales en el propósito de pretender usar a ésta, y sobre todo a los Estados Unidos, como mecanismo de presión y condicionamiento a lo que deben ser las decisiones soberanas del poder judicial.
Desde el mismo inicio de lo que se conoce como la crisis bancaria más grave del país, los organismos financieros internacionales como el FMI, Banco Mundial y BID, fueron manipulados por el zar económico del actual gobierno, Andy Dahuajre, con informaciones que convertían ancestrales problemas del sistema bancario, de los cuales el Baninter no estaba ajeno, en gigantescos fraudes en la banca nacional, sector al que en la última década había dedicado gran parte de sus esfuerzos a destruir, para dar paso a la banca internacional.
La magnificación del supuesto fraude en el Baninter, al través de una extensa campaña internacional que informaba al mundo que Ramón Báez Figueroa había desfalcado al banco que presidía en más de dos mil millones de dólares, que poseía enormes cuentas en el exterior; tenía como propósito conmover a la Comunidad Internacional, al tiempo de tratar de obtener del Tesoro de los Estados Unidos una ayuda de emergencia y, naturalmente, a intentar la colocación fallida de mil millones de dólares adicionales en bonos soberanos.
Concomitantemente a la conmoción que produjo esta gigantesca campaña de opinión pública, que impactó en los principales diarios del mundo como el New York Times, Miami Herald, The Wall Street Journal, la Autoridad Monetaria y Financiera se apartó totalmente de su marco legal, Ley No. 183-02, tanto en el tratamiento a sus ejecutivos bancarios, como en lo referente al salvataje y liquidación del Baninter.
Al señor Ramón Báez Figueroa y demás acusados, se les privó de forma consciente del fuero legal aplicable a los ejecutivos bancarios y, a pesar de que la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 establecía claramente que sólo podía haber proceso penal cuando se concluyera con un proceso sancionador administrativo previo, éstos fueron objeto de persecuciones penales, privados de su libertad y, sobre todo, llevados a la guillotina pública, sepultando el sagrado derecho constitucional a la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano.
En cuanto a la disolución del Baninter, las autoridades monetarias y financieras, erigidas en verdaderos dioses terrenales e invocando acomodaticiamente la falsa tesis del «vacío legal», dispusieron a su sola firma, de decenas de miles de millones de pesos del Estado Dominicano, para favorecer poco más de ochenta clientes y socios del Baninter, creando junto con otras decisiones similares en otros bancos, lo que el país conoce hoy como el «deficit cuasi-fiscal del Banco Central», que ha comprometido tan gravemente el futuro de esta nación.
Esta imperialicia decisión les permitió pasar a manejar a su antojo la liquidación de decenas de miles de millones de pesos en activos del Baninter, sin el ojo escrutador que hubiera tenido, si se hubiera cumplido con la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, en la cual los propietarios de los grandes certificados y socios accionistas hubieran velado por la realización íntegra y transparente de estos bienes, en el proceso de liquidación previsto en dicha ley.
Por primera vez en catorce meses, la comunidad internacional deja ver una luz en sus pronunciamientos acerca del caso Baninter y es así como hemos oído con agrado al embajador de los Estados Unidos, señor Hans Hertell, hablar de «juicio transparente», del «derecho de las partes», del «respeto a la ley y el debido proceso». Tenía que ser precisamente el representante de esa gran nación, expresión máxima de las garantías individuales, el que al clamar por un esclarecimiento de los hechos, recordara la existencia de derechos fundamentales, que en su país no pueden ser transgredidos por nada ni por nadie, por más poder que se ostente.
Al igual que los Estados Unidos, en la gran Francia, madre jurídica de nuestra nación, y cuyo embajador también ha elevado su voz en el esclarecimiento del tema bancario, se conoce y practica de forma estricta lo que es el respeto a la ley, a los sagrados derechos de defensa y, sobre todo, a la independencia de los jueces a la hora de decidir los procesos que les son sometidos.
La comunidad internacional tiene legítimo derecho a emitir sus preocupaciones acerca de lo ocurrido en el país con la crisis bancaria, pero, sin olvidar su papel de legítima propiciadora de respeto a valores fundamentales que han hecho fuertes y grandes a las naciones desarrolladas que la componen y sin dejarse manipular y guiar por intereses locales, que la han pretendido usar, para establecer un estado de miedo que condicione y presione sobre la libertad e independencia del poder judicial de la República Dominicana.
