Los dominicanos, desde hace años, estamos curados de espanto en cuanto al comportamiento de los humanos que se enganchan al tren gubernamental, o incluso en el sector privado. Ellos actúan con conceptualizaciones muy peculiares de lo que es la honestidad y de lo que es una ética de la convivencia humana con decoro y civismo.

El pensamiento de las personas se transforma dramáticamente cuando llegan a un cargo público de importancia, o se convierten en ejecutivos de importantes empresas donde se modifican muchos de los principios, que fueron inculcados en el seno del hogar, como la práctica de entrega a la fe religiosa cristiana con mucha disciplina y moral o de una buena escuela laica, para acomodar la conciencia a que apruebe las acciones deshonestas.

Esas acciones son acalladas por esa conciencia que se amolda a las conveniencias para llevar a cabo actuaciones, donde lo más afectado es la moral y el buen nombre de quien antes se consideraba paradigma de la honestidad y de la responsabilidad. Los recursos públicos son desviados hacia el uso privado y desenfadado del dinero, un gasto superfluo con adquisiciones de todos los artículos de lujo, viviendas de ensueño y disfrute sibarita de lo que proporciona un dinero ganado sin esfuerzos y arrancado al bienestar de la población.

Lo anterior es distinto si se realiza un trabajo arduo, en que la satisfacción del beneficio obtenido es parte del orgullo personal que permite entonces gozar lo que se sembró con honestidad y apego a esa moral, que para muchos, está obsoleta y mandada a guardar, permitiendo una curiosa corrupción disfrazada de honestidad acomodada.

Constantemente los dominicanos conocemos y vemos cómo los políticos asaltan al erario. Los casos de deshonestidad pública son cometidos por los seudos políticos.

Aquí no existen políticos de verdad, solo buscadores de fortunas, sin ninguna moral ni honestidad, y muchos menos un poco de vergüenza, adueñándose en un abrir y cerrar de ojos de los recursos y hacen uso de una serie de artimañas para evadir las severas regulaciones de la Ley de Contrataciones Públicas, amparándose en declarar las adquisiciones de bienes y servicios como de emergencia e interés nacional y ordenando de una vez una sobre valuación de las obras y hasta de las mercancías que se necesitan. Y a nombre de pagarle bien a los que llegan del sector privado o del público les elevan los sueldos y regalías para mantener contentos a políticos y sus paniaguados, que sin ningún rubor, disfrutan de ingresos vergonzantes por su elevado monto, que chocan de frente a la realidad nacional y encabezan instituciones estatales, centralizadas o no, que no aportan ninguna riqueza al país.

Entonces, los funcionarios, entusiasmados por creerse que el Estado es rico y manirroto por la fuga de dinero hacia todos los sectores, consideran que pueden disponer, y sin temerle al repudio público, del dinero del erario que por más argumentos que se utilicen para justificar tales acciones, dejan muy mal parados a los que se creían muy serios, honestos e incapaces de proceder con tanto descaro en beneficiarse con sus agresiones corruptas, pese que a veces intentan rectificar el desliz cometido.

Y la agresión va en contra de los gobiernos, el de ahora, los anteriores y los que vendrán. Estos, pese a los avances de los últimos tres años, no pueden mantener en buen estado las obras públicas con el deterioro acelerado del Faro a Colón y del monumento a Fray Antón de Montesinos, ni mucho menos garantizar buena salud con hospitales que estuvieron atestados y trabajando en exceso durante el feriado navideño y el de fin de año. Tampoco se asegura la ética de la conducta con la educación a los gobernados con tanda extendida y miles de aulas disponibles, donde hay una clase gremial y profesional, que viendo lo que llevan a cabo los más altos funcionarios al auto asignarse grandes ingresos, reclaman parte del pastel presupuestario que cada año es más voluminoso.

De todas maneras es vergonzante lo que está ocurriendo en los últimos tiempos de cómo, los que eran lo más granado de la sociedad de su sector privado o lo poco de la política que sirve, se convierten en caníbales presupuestarios o víboras al verse con elevadas designaciones o derramando los recursos que no son suyos comprometiendo adhesiones en la continuidad de los curules a cambio de aprobar la reelección, para entonces desacreditarse y quedar manchados para toda la vida.