La condena de la Corte Interamericana

La condena de la Corte Interamericana

JOAQUÍN RICARDO
Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos evacuó una sentencia mediante la cual se condena a la República Dominicana por no haber emitido actas de nacimiento a dos niñas de origen haitiano. La sanción y la multa impuestas a nuestro país por el referido organismo es parte de una campaña orquestada internacionalmente que tiene por objeto que el pueblo dominicano cargue sobre sus hombros con el enorme peso de la migración haitiana.

Lamentablemente desde 1996 los gobiernos que se han sucedido en la administración del Estado no han sabido enfrentar con la determinación que demanda esta campaña y la soberanía nacional ha sido mancillada en más de una ocasión. Todo ello debido a la falta de una política migratoria definida y a la ambivalencia en el manejo de las relaciones con Haití, vacío e indefinición que tienden a complicar y no a solucionar el denominado problema haitiano con el que, por implicativos geográficos e históricos debemos convivir como dos siamesas trágicas, según apunta el fenecido jurista doctor Carlos Sánchez y Sánchez.

Ante esta nueva agresión a nuestra soberanía, se hace impostergable la toma de decisiones firmes por parte del Gobierno. Llegó la hora en que los que están al frente de la cosa pública ordenen la realización de un exhaustivo estudio para determinar el número de haitianos que se encuentran radicados en el país en forma ilegal.

Una vez conocida la cifra exacta de dichos ciudadanos, no importa el número de años que tengan contraviniendo la ley de migración nacional, las autoridades deben tomar una decisión definitiva acerca de la cantidad de haitianos que pueden permanecer en nuestro país con un permiso de trabajo, renovable anualmente, siempre y cuando las empresas para las cuales laboran se hagan responsables de reportar su deserción o cambio de ocupación. Es decir, se impone la normalización, por los medios que sean necesarios, de una situación que cada vez se torna más anárquica e intolerable.

Los que no tengan cabida en esta categoría deben ser repatriados de manera inmediata, con el auxilio de los organismos internacionales que asisten en esta materia y que tienen experiencia en situaciones similares.

Es tiempo de que el país, por medio de sus autoridades, deje claramente establecido que los haitianos e hijos que se encuentran radicados de manera ilegal en nuestro territorio, no importa el tiempo ni si han formado familias con dominicanos, no podrán obtener nuestra ciudadanía en virtud de lo que establece la Constitución de la República, al tiempo de requerirle al gobierno haitiano que dote de pasaportes a todos sus ciudadanos que se encuentran de manera ilegal en la República, en virtud de que el art. 11 de la Constitución haitiana es clara cuando establece lo siguiente: “Serán haitianos todos los hijos de ciudadanos haitianos, no importa el lugar de su nacimiento, siempre que sus padres no hayan renunciado a su nacionalidad”.

Por otra parte, se debe solicitar al gobierno de la República de Haití el cumplimiento de acuerdo firmado en 1937, al tiempo de recordarle que, como estado soberano, tiene la obligación de vigilar su frontera y evitar el trasiego de indocumentados, con lo cual se erradicarían también las suspicacias que rondan este inmenso drama humano.

Por su lado, el Gobierno dominicano debe diseñar una política migratoria clara, sin renunciar a los derechos inherentes a todo estado soberano, no importa las presiones que reciba, dentro y fuera de nuestras fronteras. De igual manera, la presente administración debe iniciar una campaña internacional en defensa de los sagrados intereses de la nación. Hasta el momento, el Gobierno reacciona y no acciona ante la principal amenaza que tiene la nacionalidad legada por los héroes inmortales de aquel febrero luminoso de 1844 y de la restauración de 1861.

El sacrificio de nuestros redentores nos impone el ineludible deber de garantizar la plenitud de nuestra soberanía con la misma entereza que ellos la forjaron. Solo así nos haremos dignos de su inmenso sacrificio.

Esta campaña debe estar basada en el nacionalismo inmaculado de Juan Pablo Duarte y en la firmeza del sable de Gregorio Luperón. El proyecto de constitución elaborado por el patricio en su artículo 18 reitera nuestra absoluta independencia al decir: “Debiendo ser la Nación Dominicana, como se ha dicho en el artículo 6, siempre libre e independiente, no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna otra nación, ni patrimonio de familia ni de persona alguna propia y mucho menos extraña”.

El Artículo 19 del proyecto duartiano de constitución declara “inadmisible” e “inajenable” la soberanía nacional. Es evidente que para el novel epónimo de nuestra nacionalidad ni la propia nación puede disponer su desaparición ni su enajenación.

En la última carta que del patricio se conoce, de fecha 2 de mayo de 1865, dirigida a Félix María Delmonte, el forjador de nuestra independencia expresa “su deseo de no descender a la tumba sin dejar la Patria amada libre, independiente y triunfante”.

Debemos tomar conciencia acerca de que el problema de la migración haitiana nos amenaza a todos y por lo tanto debe ser tratado con esa altura de miras que nos legó el sacrificio de Juan Pablo Duarte.

En lo que concierne a la acusación de xenofobia, bastaría con recordar a la comunidad internacional que cuando Dessalines proclamó la independencia de Haití en 1804 diseñó su bandera eliminando el color blanco del pabellón francés, como señal de exclusión de la raza blanca en la estructuración del Estado haitiano. Nuestro país, en cambio, mantuvo el color blanco en nuestro pabellón como símbolo de la integración de todas las razas, por los vínculos de la civilización y del cristianismo, según expresa el historiador nacional José Gabriel García en su artículo La Idea Separatista.

Llegó pues, dominicanos, la hora de las definiciones. El Gobierno tiene la primera palabra y el colectivo nacional lo apoyaría en forma irrestricta.

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