La condena al periodista marroquí Omar Radi a una pena de seis años de cárcel y a su colega Imad Stitou a otra de un año es la última de una larga serie de sentencias contra periodistas en juicios celebrados en los últimos años en Marruecos, con un recrudecimiento de casos desde 2018.

El pasado 9 de julio, otro periodista, Suleimán Raisouni, redactor jefe del desaparecido rotativo Ajbar al Yawm y especialmente ácido en sus artículos, fue condenado también a cinco años de cárcel por el delito de «atentado contra el pudor y retención contra su voluntad» de un joven homosexual marroquí en 2018, después de que la víctima, Adel A., guardase silencio durante dos años y decidiera interponer una denuncia tiempo después.

En septiembre de 2019, una periodista del mismo diario y sobrina de Suleimán, llamada Hajjar Raisouni, fue condenada a un año de cárcel por someterse a un aborto (práctica prohibida en Marruecos) y por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales; dos semanas después, el rey la indultó, y nada más salir de la cárcel eligió el camino del exilio.

A los dos Raisouni les precedió en los tribunales el propietario y director del mismo diario, Tawfiq Bouachrine, condenado en noviembre de 2018 a diez años de cárcel por delitos como violación, intento de violación, abuso de poder con fines de explotación sexual y hasta trata de seres humanos, tras una serie de denuncias interpuestas contra él por varias empleadas del rotativo.

Ajbar al Yawm era el último diario impreso todavía crítico con el sistema en Marruecos, pero la sucesión de procesos judiciales y la asfixia financiera a la que se vio sometido -por falta de publicidad institucional y tras negarle el gobierno la «subvención covid» concedida a otros medios- abocaron al rotativo a su cierre definitivo el pasado mes de marzo.

A las últimas condenas hay que sumar la que en 2017 sufrió el periodista Hamid el Mehdaoui, condenado a tres años de cárcel por «no denunciar un crimen contra la seguridad del Estado», a raíz de una conversación con un activista rifeño en el extranjero que le aseguró que pensaba entrar con armas en Marruecos.

El gobierno siempre ha negado que la persecución judicial a los periodistas sea por delitos de opinión, y sostiene que, por un lado, la Justicia es independiente, y por otro, que los delitos que se les achacan son de índole común o atentan contra la seguridad del Estado.Muy distinto piensan las organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que en sus últimos informes no dejan de subrayar las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, aunque el gobierno acusa a todas ellas de tener prejuicios contra Marruecos.

Si ha habido una crítica que ha dolido particularmente en Rabat ha sido la de un «país amigo» como es Estados Unidos: el pasado lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo con respecto a la condena a cinco años de Raisouni: «Creemos que el proceso judicial (…) contradice la promesa fundamental del sistema marroquí de un proceso justo para los perseguidos por la Justicia».

Y fue más lejos: ese último proceso «es incompatible con las promesas de la Constitución de 2011 y el programa de reformas del rey Mohamed VI», dijo el portavoz.

DELITOS DE OPINIÓN TAMBIÉN EN REDES SOCIALES

La dependencia económica del Estado en el caso de la prensa escrita más la persecución judicial de periodistas desafectos ha reducido la disidencia al ámbito de las redes sociales, principalmente a Facebook (la red más popular en el país), pero también ahí el Estado ha actuado con medidas coercitivas.

El año crítico fue 2019, justo antes de la pandemia: quince personas fueron detenidas y juzgadas por comentarios en Facebook o vídeos en Youtube donde emiiteron críticas políticas o sociales. Había entre ellos cantantes, comerciantes o hasta estudiantes, y solo algunos podían ser considerados «activistas».

Aquellos casos llevaron a un grupo de militantes de izquierda a formar un Comité por la liberación de todos los presos de opinión en Marruecos»; su coordinadora, Jadiya Riadi, dijo entonces: «La represión del ámbito digital se ha convertido en política de Estado».En cualquier caso, el escrutinio de los comentarios políticos en las redes sociales no se limita solo a las fronteras de Marruecos: el pasado diciembre, tres instituciones de seguridad y espionaje marroquíes depositaron una denuncia ante la Fiscalía para perseguir judicialmente a ciudadanos marroquíes que viven en el extranjero por practicar «el ultraje y la difamación» de funcionarios públicos marroquíes.