Hoy 
FERNANDO I. FERRÁN
A la semana de asumir por primera vez la presidencia de su país, tras la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt dijo algo que repito: «Hay en el reajuste de nuestro sistema financiero un elemento más importante que la moneda, más importante que el oro, y es la confianza de la gente». Recuerdo esas palabras ahora pues acabo de leer la versión modificada del Informe del Panel de Expertos Internacionales sobre la Crisis Bancaria Dominicana de 2003, dada a conocer por el Banco Central en su página Web.
Dicho Informe reitera lo que ya sabemos, es decir, que en el año de referencia hubo tres «fraudes» bancarios y calcula por añadidura que esas acciones implicaron recursos provenientes del Banco Central por encima del 20% del PIB. Posteriormente detalla los procedimientos técnicos mediante los cuáles se cometieron. Y por último, no es parco a la hora de añadir que quienes cometieron los respectivos fraudes deben pagar en los tribunales por la existencia de operaciones no registradas con el propósito explícito de mantener oculta una significativa banca paralela.
En dicho contexto, los expertos recomiendan que se agilice la recuperación de los bienes y subrayan que el país debe evitar la repetición de tales actos, institucionalizando regulaciones de corte internacional en el sistema financiero dominicano. En adición, critican la supervisión complaciente de las autoridades de turno e incluso se admiran de la Justicia dominicana, por la lentitud con la que procede, las debilidades que exhibe y la permisividad que propicia.
Durante la etapa de incubación de los fraudes, lo que era un secreto a voces se arropó con un manto tejido por el silencio complaciente. Colegas, auditores, autoridades financieras y supervisores bancarios «irresponsables», amén del público en general, no dieron la voz de alerta. Con razón los implicados en la quiebra de esas entidades financieras pudieron hacer fiesta con lo ajeno.
Antes de terminar este somerísimo resumen, confieso que entre las conclusiones del Informe hay una que me sorprendió, una que me intrigó y otra que me evocó las palabras previamente citadas del presidente Roosevelt.
Quedé perplejo cuando los expertos concluyeron que, una vez descubierta la crisis bancaria a principios de 2003, los procedimientos seguidos por las autoridades obedecieron a la falta de medidas de prevención oportunas y por eso se cayó en «situaciones de hecho» propias a crisis bancarias de gran magnitud. Me sorprendió, no por lo de gran magnitud, sino porque creía que esas situaciones de facto estaban previstas de iure en la Ley Monetaria y Financiera. Ley ésta que a mi entender fue violada, particularmente, allí donde garantiza todos los depósitos de los bancos en problema sólo y no más allá de los RD$500 mil.
No me sorprendió, mas sí me intrigó, el alcance de la recomendación relativa al reforzamiento de la solvencia del sistema financiero dominicano. El Panel recomendó generar iniciativas para aumentar la participación de bancos internacionales por medio de su instalación, la adquisición o la asociación con algunos de los bancos existentes. Esta acción contribuiría a una mayor competencia, a aportes tecnológicos y a evitar prácticas insanas. Ese mismo propósito de los expertos internacionales pone en evidencia, sin embargo, por simple lógica aristotélica, la insuficiencia de la banca nacional para lograr dicho reforzamiento.
Por último, el Informe deja para el final el punto más álgido de todos: la única manera de evitar la reedición de los fraudes bancarios es la profunda modificación de la institucionalidad en la que se desenvuelve la actividad bancaria en el país.
He ahí porqué recordé las palabras añejas de Franklin D. Roosevelt. ¿Por qué?
Sencillamente, porque el reajuste del sistema financiero no depende de la estabilidad de la moneda o del control de la inflación, como podría inducírsenos a creer, sino de «la confianza de la gente». Pero precisamente, ésta se fundamenta en la seguridad de que el pasado no se repetirá. Y tan sólo no se repetirá, si se logra un cambio profundo en la cultura que preside el funcionamiento de las instituciones que legislan, administran justicia o son responsables de la ejecución gubernamental, sin miramiento alguno en contra de los poderes fácticos que empobrecen al mismo tiempo a la República y a la población dominicana.
