HAMLET HERMANN
En algunos sectores de la juventud dominicana una persona es “legal” cuando cae bien y se puede confiar en él. En el “mataburros” se dice que alguien es “legal” si es verídico en sus opiniones, puntual, fiel y recto. Aceptando estas definiciones debemos preguntarnos si existe entre los políticos de República Dominicana alguien que pueda ser considerado “legal” por la mayoría de los ciudadanos. Prefiero equivocarme en lo poco y acertar en lo mucho, por lo que prefiero decir: lo dudo.

El razonamiento viene a colación dado el lío que han armado ahora algunos jueces de la Junta Central Electoral (JCE) en su afán por ignorar la ley electoral vigente para acomodarla a los intereses de quienes los llevaron a esa posición. El viciado origen de la actual JCE hace que a cada momento el pus brote por cualquier punto que se le apriete. Uno de los principales problemas que hemos tenido los habitantes de este pedazo de isla caribeña es que la Constitución y las leyes han sido apresuradamente elaboradas para ser aplicadas por “personas razonables”. Y resulta que entre los políticos dominicanos las figuras del “hombre razonable” o la “mujer razonable” o el “homosexual razonable” no existen. Dé una vuelta por el Poder Ejecutivo, por el Congreso Nacional, por la Justicia o por la Junta Central Electoral y comprobará que la racionalidad es una mercancía sumamente escasa. En cambio, el sectarismo y la ambición desmedida son gratis y abundantes. Y si los que se supone arbitrarían las próximas elecciones congresuales y municipales no parecen ser “legales” ni “personas razonables”, lo único que puede esperarse es un desorden mayúsculo y quién sabe si conflictos violentos como en elecciones anteriores.

Cualquier ciudadano, sea juez electoral o buhonero en la esquina Duarte con París es libre de mostrarse en desacuerdo con la ley. Cada uno de nosotros puede despotricar cuanto quiera contra ella. Pero lo único que no pueden hacer los jueces es desobedecerla, a menos que esté en peligro la integridad del Estado nacional. No importa la excusa que se busque ni la justificación que se trate de imponer, la ley puede ser dura pero es la ley. Sin embargo, de repente nos encontramos con que unos cuantos jueces electorales quieren interpretar, cuestionar y desobedecer la ley para favorecer a los políticos que, por conveniencia partidaria, los llevaron hasta allí. Peor aún, esos jueces tratan ahora de convertirse en violadores de la ley en vez de ser los más estrictos protectores de ésta. Pretenden ignorar que con la ley nadie puede ponerse a inventar a menos que se someta a discusión en sesiones expresamente convocadas para ese fin en el Congreso Nacional.

Esta crisis, provocada por la incapacidad de algunos partidos políticos, no puede arrastrar a la sociedad toda a un conflicto que podría provocar enormes daños. Algunos partidos fueron impuntuales porque son voraces, incapaces y vagos. Sólo las personas que no tienen verdaderos trabajos ni responsabilidades pueden darse el lujo de derrochar todo el tiempo (24/365) 24 horas cada día del año, y ni siquiera preocuparse porque alguien podría estar esperándolos (no digamos que la ley los obligaba). Su prioridad parece que era la ambición desmedida y la confianza en que podían violentar la ley porque ellos habían llevado hasta la JCE a quienes podrían juzgarlos y sancionarlos. Asusta a muchos de nosotros la conjura de la mediocridad de los políticos contra la inteligencia del pueblo dominicano. Nos suponen más brutos de la cuenta y confían en la sumisión del pueblo ante sus desmanes. Pero se equivocan al creer que pueden engañar a todos los dominicanos todo el tiempo. Impunemente rinden culto a la gratificación instantánea, la cultura del “fast food”, la cultura de la comida chatarra que engorda pero no alimenta, la cultura de la loto y del fracatán que entretiene a muchos pero enriquece sólo a sus promotores. Para los políticos, la moral y los principios sólo se esgrimen cuando se está en la oposición. Cuando se trepan en el poder y administran los recursos de la nación, priorizan la política partidaria como forma de enriquecerse sin que los problemas nacionales se resuelvan.

Ojalá que los jueces electorales entiendan que los ayudaría mucho en su misión de arbitraje el que la ciudadanía alguna vez llegue a considerarlos como “legales”. Y por una vez en la vida se comporten como “personas razonables”, tal como aspiraba el espíritu de la ley electoral. Porque lo que es a la conjura de la mediocridad, podría quedarle poco tiempo de vida.